La también exvicepresidenta, quien ha considerado al juicio un «show» político y judicial que busca proscribirla, no será arrestada.
Un tribunal de segunda instancia ratificó este miércoles la condena de Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La expresidenta argentina es considerada culpable de haber cometido fraude contra el Estado al favorecer licitaciones de obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, un exempleado bancario devenido magnate de la construcción que era amigo de su difunto esposo, Néstor Kirchner. La también exvicepresidenta, quien ha considerado al juicio un «show» político y judicial que busca proscribirla, no será arrestada. Todavía puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, aunque podría desistir de esa alternativa dada su pública enemistad con sus integrantes. Por ser mayor de 70 años, le correspondería la prisión domiciliaria y algunos conocedores de su entorno no descartan que se someta a la sanción y bajo esas circunstancias, en un camino en un punto parecido al de Luiz Inacio Lula da Silva, cuando fue encarcelado, reconstruya al peronismo alrededor de su figura para derrotar en las urnas al actual Gobierno de ultraderecha en 2025.
La sentencia fue leída por el juez Gustavo Hornos, presidente del tribunal, acompañado por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Hornos ha sido recientemente denunciado por violencia de género.
Fernández de Kirchner no estuvo en la sala de audiencias. En las inmediaciones del edificio, seguidores suyos participaron de una «clase pública» sobre el llamado «lawfare», como se conocen los casos de politización de la justicia que han tenido lugar en distintos países de la región y que no solo afectaron a Lula sino al ecuatoriano Rafael Correa.
La exmandataria participaba a la misma hora del anuncio judicial de un mitin peronista en la periferia bonaerense. En las vísperas había difundido un documento en el que calificó a los magistrados de ser «los Copitos» del sistema judicial. Así se llamaron a los integrantes de la banda que planificó el intento fallido de magnicidio del 1 de setiembre de 2022 porque se camuflaban alrededor de la casa de Fernández de Kirchner como vendedores de algodón de azúcar. «Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder», señaló a su vez la dirigente, e hizo alusión a «la bala que no salió (del revólver) y el dictamen que sí saldrá». A lo que añadió en su mensaje en las redes sociales: «o sea; si no me mataron, tengo que estar presa». También recordó la relación de los integrantes del tribunal que la ha condenado con el expresidente de derechas, Mauricio Macri. «Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada (sede del Ejecutivo) y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura». El fiscal Diego Luiciani, quien había pedido 12 años de cárcel, «tenía un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado… en la quinta (finca) privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces… ¡te la debo! «, ironizó.
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