Pigerl informó a la CPPT sobre proyectos para crear el registro de violencia institucional y tratamiento prioritario de las causas

Miembros de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones se reunieron con el Diputado Provincial Rafael Pereyra Pigerl.

Hoy miércoles por la mañana en sede la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones el Diputado Provincial Dr. Rafael Pereyra Pigerl informó a los miembros presentes de la CPPT las nuevas iniciativas legislativas impulsadas que involucra a la Comisión. Expuso y explicó en relación a los proyectos de ley ya presentados y, otros que se encuentran en etapa de confección.

Entre los temas desarrollados se refirió a la adhesión de la Provincia de Misiones a la Ley Nacional 26.811 que instituye el 8 de mayo como día nacional de la lucha contra la violencia institucional; la creación del registro de violencia institucional; tratamiento prioritario para la fijación de fechas de debate en causas referidas a violencia institucional y la facultad para constituirse en querellante por parte del Presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura en procesos que tramitan temas de violencia institucional.”

 

 

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1.- Adhiérese la Provincia a la Ley Nacional N° 26.811 que instituye el 8 de
mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”.
ARTÍCULO 2.- Instituyese el día 8 de mayo de cada año como “Día Provincial de la Lucha
contra la Violencia Institucional”, con el objetivo que en esta jornada el Ministerio de
Derechos Humanos y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, realicen campañas
de información para arraigar que las medidas públicas de seguridad deben ser respetuosas de
los derechos humanos.
ARTÍCULO 3.- Crease el “Registro de Violencia Institucional”, que funciona en el ámbito
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en el que se registran los procesos penales en
los que los supuestos autores de los delitos de violencia institucional sean atribuidos a personal
de las fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario, en actividad, retirados o pasados a
disponibilidad.
ARTÍCULO 4.- Facultase a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura a acceder a la
información contenida en el Registro creado por la presente.
ARTÍCULO 5.- La fecha de debate en los procesos penales por violencia institucional debe
tener tratamiento prioritario en la fijación.
ARTÍCULO 6.- Sustituyese el artículo 76 de la Ley XIV–N.º 13 Código Procesal Penal de la
Provincia de Misiones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 76.-Constitución del querellante particular. Toda persona física, sus herederos
forzosos, representantes legales o mandatarios; o persona jurídica de derecho público o
privado, directamente afectada por un delito de acción pública tiene derecho a
constituirse en querellante particular y como tal impulsar el proceso, proporcionar
elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en el
presente Código se establecen.
El Presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura – Ley IV N.º 65, puede
constituirse en querellante en los procesos de violencia institucional, cuando a entender del
Presidente la gravedad del o los delitos imputados lo ameriten. Su intervención solo se
limita al proceso penal.”

FUNDAMENTOS
La Ley Nacional N° 26.811, instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de la
Lucha Contra la Violencia Institucional”, sancionada en Noviembre de 2012.
El día 08 de mayo de 1987 tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la Policía
Bonaerense en el barrio de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, cuando estando
sentados en la esquina de las calles Guamini y Figueredo.Por el crimen fueron condenados a
11 años de prisión el suboficial de la Policía Bonaerense Ramón Balmaceda, el cabo primero
Juan Alberto Miño y el caso Isidro Rito Romero. Los tres estuvieron prófugos y según los
querellantes con protección policial en su fuga.
Desde el Estado nacional se instituyó ese día como el Día Nacional de la Lucha
contra la Violencia Institucional, para recordar las graves violaciones a los derechos
humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad y buscando promover la adopción de
políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de esos derechos.
En Cámara existe un antecedente legislativo el Expte D-46111/16 – Proyecto de Ley –
De los diputados Sereno y Bárbaro, proponiendo la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional
N.° 26.811.
El Ministerio de Defensa de CABA en la página oficial informa a la comunidad,
respecto a la violencia institucional que todas las personas tienen derecho a no sufrir, por parte
de los agentes estatales, prácticas u omisiones que generen:
• Trato degradante, cruel o inhumano.
• Condiciones inhumanas de detención.
• Uso abusivo o desproporcionado de la fuerza.
• Violencia psíquica o física, sexual o de género.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones
“Año 2020 – Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.

• Negación del acceso a la atención médica y sanitaria.
En la publicación “Los Derechos Humanos frente a la violencia institucional”
publicado por el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, que tiene como autores/as por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -Secretaría de Derechos Humanos a los señores
Armida María Jimena, Cassino Miranda, Ciarniello Lucas y Witis Raquel . Por el
Ministerio de Educación como autor el Lic. Gerardo Averbuj, se tiene en consideración el caso
Bulacio.
“…En el caso particular de Walter, tampoco se notificó a sus familiares.
El 20 de abril de 1991, Walter fue llevado en ambulancia al Hospital Pirovano, sin que sus
padres o un Juez de Menores fueran notificados. El médico que lo atendió en ese hospital
señaló que el joven presentaba lesiones y diagnosticó un “traumatismo craneano”. Esa
misma tarde, Walter fue trasladado al Hospital Fernández para efectuarle un estudio
radiológico y regresado al Hospital Pirovano. Walter manifestó al médico que lo atendió que
había sido golpeado por la policía y esa noche fue visitado por sus padres en dicho centro de
salud, quienes se habían enterado de lo sucedido a su hijo a través de un vecino.
El 21 de abril de 1991, el joven fue trasladado a un Sanatorio de la ciudad. El médico de
guardia denunció ante la Comisaría correspondiente que había ingresado “un menor de edad
con lesiones” y, en consecuencia, ésta inició una investigación policial por el delito de
lesiones. El 26 de abril Walter David Bulacio murió.
El 30 de abril de 1991 el Juzgado se declaró incompetente y remitió la causa “contra NN en
perjuicio de Walter [David] Bulacio por lesiones seguidas de muerte” al Juzgado Nacional
de
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N°5, que tramita delitos cometidos por
mayores de edad. Los padres se constituyeron en querellantes en la causa sobre las
circunstancias en que ocurrieron las detenciones y otros ilícitos cometidos contra Walter
David Bulacio y otras personas. La causa fue dividida y el Juzgado N°5 retuvo la
investigación de las lesiones y la muerte de Walter David Bulacio.
La “violencia policial”, tal como lo expresa Tiscornia, nos remite a dos campos de
significación: por un lado, a calabozos dentro de las comisarías donde se tortura y humilla a
quienes son detenidos y, por el otro, a los enfrentamientos en las calles donde se expresan
mecanismos de control de la población, persecución o exterminio (“razzias” y/o “gatillo
fácil”). Señala que “la violencia policial es [una] técnica de gobierno y dispositivo de
administración del orden y la seguridad urbana. (…) No son actos brutales, ni se exhiben
como cuerpos masacrados, pero preparan los escenarios para que éstos sean posibles.
Porque esa violencia policial es la que rebasa de manera cotidiana los límites del derecho,
las normas de derecho y que, paradójicamente, el derecho consiente la rutina de que así
suceda.”

Seis años más tarde, en el año 1997 ante la falta de avance y paralización de la causa, los
familiares decidieron presentar el caso ante la jurisdicción interamericana. Sobre la base de
la declaración de admisibilidad de la CIDH, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, tribunal que condenó al Estado Argentino, señalando que: “Las razzias
pueden estar orientadas a grupos poblacionales sin distinción de sexo, edad u ocupación, o
grupos sectarios, jóvenes o minorías sexuales. En el caso particular de la Argentina, los
sectores que se ven principalmente afectados por este tipo de “razzias” son los sectores más
jóvenes, pobres y trabajadores. …”
En dicha publicación también se hace mención a la normativa nacional e
internacional aplicable en materia de prevención de la violencia institucional, entre otras son:
• Ley N° 26.842 – Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas
• Ley N° 26.827 – Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
• Ley N° 26.667 – Ley Nacional de Salud Mental
• Ley N° 26.061 – Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes
• Ley N° 23.950 – Averiguación de Antecedentes.
• Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Adoptados por el 8vo. Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990).
• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión (Resolución 43/173 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 9
de diciembre de 1988)
• Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
(Resolución 54 LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL 45/113 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14 de diciembre
de 1990)
• Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes (Resolución 55/89 de la Asamblea General de
Naciones Unidas del 04 de diciembre de 2000)
• Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices
de Riad, Resolución 45/112 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14 de diciembre
de 1990)
• Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales,
arbitrarias o sumarias (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Resolución 1989/65
del 24 de mayo de 1989)
• Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Resolución 60/147 de
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones
“Año 2020 – Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.

la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005).
EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS:
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”, 1969)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”, 1988)
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la
Pena de Muerte (1990)
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985)
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(“Convención De Belém Do Pará”, 1994) • Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó la Procuraduría de Violencia
Institucional (PROCUVIN) por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio
Público Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y
juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la
libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas en estado de vulnerabilidad.
Todo ello, en virtud de que el Estado argentino, al ratificar diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos, asumió frente a la comunidad internacional el
compromiso de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos.
La Resolución PGN N° 455/13 de marzo de 2013 en el punto 4 de los
considerandos, manifiesta:
“En materia de torturas, tratos inhumanos y degradantes, prácticas
atentatorias de la libertad y otras violaciones a los derechos humanos que en ejercicio de
sus funciones consuman agentes estatales principalmente pertenecientes a las fuerzas de
seguridad y penitenciarias mediante el ejercicio abusivo e ilegal del poder punitivo y en
otras prácticas ilícitas constitutivas de violencia institucional, se advierte un contraste
entre las disposiciones del Código Penal que prevé fuertes sanciones para esas conductas
y la impunidad de los autores de esos actos.
Al respecto, según el Registro de Casos Judiciales de Torturas elaborado por
la Procuración Penitenciaria de la Nación se evidencia una deficitaria respuesta judicial
en los expedientes relevados. Así, sobre 415 causas judiciales registradas durante 2011,
310 fueron caratuladas como “Apremios ilegales”, 50 “Su denuncia” y 15 como “Torturas”.

Por su parte, en cuanto al desarrollo que esas causas tuvieron, se dispuso
citar a los presuntos autores a declaración indagatoria en solo 7 de las 415 causas Aún
más. En esas 7 causas, los citados fueron 21 funcionarios públicos de los cuales 19 fueron
sobreseídos luego de la audiencia respectiva. Otro dato llamativo es que en el universo de
esas 415 causas judiciales, según la denuncia habrían participado 1115 autores
pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad. Y aunque las víctimas declararon poder
reconocer a 265, sólo se dispusieron 11 ruedas de reconocimientos, y se concretaron 8,
que permitieron identificar a apenas 9 imputados (cf. Procuración Penitenciaria de la
Nación, Informe Anual 2011, págs. 90 Y sgtes).
En cuanto a los hechos de violencia cometidos por fuerzas de seguridad, de
acuerdo con un relevo del Ministerio de Seguridad de la Nación realizado durante los
meses de julio de 2012 y enero de 2013, se registraron 36 causas judiciales
correspondientes a hechos de violencia institucional en los que se encuentra involucrado
personal de las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales ocurridos en 2011, 2012 y 2013.
En esas 36 causas aparecen identificados 52 presuntos responsables, aunque
respecto del 46 % no se dispuso imputación, sólo se le formuló imputación al 21 %, se
sobreseyó o dictó falta de mérito al 25 %, en tanto que se procesó al 4%, y a otro 4% no
se llegó a determinar su identidad en sede judicial, pese a que sí lo hizo el Ministerio de
Seguridad. Vale aclarar que del total de 52 involucrados, no hay ningún condenado. Sólo
en dos casos se ordenó prisión preventiva para el personal de la fuerzas involucrado,
aunque uno de ellos fue finalmente excarcelado. Sobre el resto de los imputados no se
dispuso ninguna medida restrictiva de la libertad”.
“Mendoza es una de las provincias con más casos de violencia institucional” Lo
aseguró en una entrevista con Radio U, Carolina Ale, integrante de la Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional (Correpi). La entidad registró, por esta razón, siete
muertes en lo que va del año. (publicado 30 de julio de 2020)
En Misiones fue sancionada la LEY IV – N.º 65 SISTEMA PROVINCIAL DE
PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES. Su artículo 3 reza: “Créase la Comisión Provincial de
Prevención de la Tortura en el ámbito de la Cámara de Representantes de la Provincia de
Misiones. La misma lleva a cabo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y
actúa en todo el territorio de la Provincia, respecto de todos los lugares de detención de
jurisdicción provincial, de acuerdo a las competencias y facultades que se establecen en la
presente Ley”.
Es al presidente de esta Comisión que pretendo otorgarle la legitimidad de
constituirse en querellante en casos de violencia institucional, modificando el artículo 76 del
Código Procesal Penal, asimismo, además de crear en el ámbito del STJ el Registro de
Violencia Institucional, se faculta a la Comisión Provincial a acceder a la información
registrada en él y también se establece que las fechas de debate de los procesos de violencia
institucional sean fijadas con un tratamiento prioritario.
Por estos breves fundamentos solicito a mis pares su voto afirmativo.