Pigerl, el PAyS y la Renovación rechazan emprendimiento turístico en las cataratas y piden explicaciones a Nación

MISIONES. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente pretende crear una villa turística en el Parque Nacional de Iguazú (PNI), esto fue rechazado por la comunidad vecina y guardaparques, además de asociaciones ambientales. Ahora también hay reaciones de algunos diputados provinciales en la Cámara de Representantes, como ser Rafael Pereyra Pigerl y Isaac Lenguaza, Giuliana Perini y Martín Sereno; los mismos se mostraron “preocupados” y solicitaron información para conocer los detalles del proyecto.

Es así que el diputado peronista Rafael Pereyra Pigerl, expresó la “preocupación por las consecuencias sociales, ambientales y económicas que traería el prpyecto. Además, el legislador agregó: “considero que este polémico proyecto que llega a territorio misionero no ha tenido en cuenta que nuestra Provincia es el reservorio más importante de Biodiversidad de nuestro país, pues por ello es una preocupación que el proyecto avance con la creación de villas turísticas dentro del Parque, ya que resultaría perjudicial para el mantenimiento de las condiciones ecológicas de un recurso natural tan preciado para todos los misioneros”, señaló.

Por otra parte y con iniciativa similar, Isaac Lenguaza, Giuliana Perini y Martín Sereno, del Partido Agrario y Social (PAyS) presentaron un proyecto para que la Legislatura manifieste su “rechazo a la implementación inconsulta del proyecto” y se ordene “la cancelación definitiva de todo proceso de licitación y/o acuerdos, convenios, entre otros que se hayan formalizado entre organismos públicos y sectores empresariales”.

Lenguaza fundamentó el proyecto diciendo que “el objetivo del programa es la concesión de tierras dentro del ámbito de veinte Parques Nacionales, para emplazamientos de complejos turísticos, que serán explotados por grupos empresariales de capitales privados nacionales y extranjeros”. Afirma también que “surge a las claras el grado de improvisación con la que se pretende intervenir el área natural protegida del PNI para el desarrollo de negocios empresariales privados que de ninguna manera traerán beneficios para los pobladores locales”.

En relación a los renovadores Roque Gervasoni, Juan Marcelo Rodríguez y Silvana Giménez solicitaron informes al Gobierno nacional sobre “cuáles son los límites o medidas de protección, preservación y conservación del patrimonio natural y cultural que se establecen para las iniciativas de inversión privada en áreas naturales protegidas. Cuáles son las actividades turísticas sustentables y las nuevas áreas de inversión que se proponen desarrollar en las áreas naturales protegidas, en particular, en los Parques Nacionales; y en qué estado o instancia se encuentra el procedimiento de ‘Evaluación de Impacto Ambiental’ para el desarrollo de las nuevas actividades turísticas que se proponen dentro de áreas naturales protegidas”. Igualmente, el texto indaga sobre “cuál es la posición política sobre el planteo contundente de la Asamblea Popular vecinal de Iguazú en cuanto a prohibir la inversión comercial hotelera dentro del PNI, autorizándose dicho emprendimiento privado sólo dentro de la ciudad”.

Entre los fundamentos, el trío de renovadores indicó que “el Gobierno promociona, textualmente, en su página web oficial “el objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales”.

El proyecto advirtió que “resulta evidente la intención del Gobierno, -soslayando todo estudio de impacto ambiental, consulta popular local (plebiscito) estudio y programación previa respetando la autonomía provincial y las jurisdicciones locales- empeñada directamente a captar inversores para la gestión de negocios rentables para unos pocos en detrimento de los recursos naturales de Misiones, sin importar en lo más mínimo las leyes provinciales de soberanía ambiental”.

Además remarcaron que no se respeta el artículo 124 de la Constitución Nacional, que señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

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