Fuerzas federales podrán disparar en casos de delitos graves y persecuciones

BUENOS AIRES. El Gobierno oficializó un nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego. Los efectivos ya no deberán esperar que les disparen para responder las hostilidades.

Con su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó un nuevo reglamento general para el empleo de las armas de fuego que le otorga mayor libertad a las fuerzas federales de seguridad. La resolución 956/2018, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también deroga toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación.
La medida había sido implementada durante la Cumbre del G-20 para proteger a los presidentes. Si bien en un principio se había anunciado que perdería su vigencia una vez finalizado el encuentro de mandatarios en Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad decidió prorrogar sus alcances.
La nueva norma establece que las fuerzas de seguridad podrán usar armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.
También “para impedir la comisión de un delito particularmente grave que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención”.
La medida entrará en vigencia mañana martes y tendrá jurisdicción para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según precisaron desde la cartera que dirige Bullrich el nuevo reglamento está basado en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas. La medida guarda correspondencia con otras legislaciones como las de Uruguay, Chile, México, Paraguay o los Estados Unidos.
En esta línea desde el ministerio destacaron que el nuevo reglamento no modifica el empleo de armas ante manifestaciones o protestas públicas, ya que continua vigente la normativa que establece el uso, para esos casos, de armas no letales.
Entre los considerandos de la medida se establece que “la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos”.
Asimismo considera que la actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes en las fuerzas policiales y de seguridad federales debido a la particularidad y gravedad de los delitos en lo que debe actuar en defensa de la ciudadanía.
“Resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales”, indica la resolución.
Se recuerda también que el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos recomienda a todos los estados miembros dictar las regulaciones necesarias para establecer el principio de necesidad en el uso de la fuerza.