La AFIP dejó el local de Kuhlmann a 4 años del procesamiento por evasión y se trasladó a la avenida Beltrame

OBERA. Desde hace pocos días, funciona la nueva sede de la AFIP-Aduana en la avenida Beltrame. Según fuentes internas, el traslado de su oficina sobre Libertad y Independencia se debió a una constante suba del alquiler pero sobre todo, al propietario del mismo, Eduardo Kuhlmann procesado por evasión al propio ente recaudador. Resultaba una contradicción ética que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le alquile el edificio a quien denunció por el mayor caso de fraude al fisco que se recuerde en la provincia.

Si bien el procesamiento judicial al contador obereño está firme desde octubre de 2014, hace cuatro años, los tiempos fueron estirándose entre la falta de locales aptos y el procedimiento licitatorio que lleva más de un año. En este caso, fue realizado por la Aduana que funciona en el mismo edificio y apenas se liberó el local de dos plantas donde funcionó la empresa Mielnikzuk Materiales (que se trasladó a otro nuevo sobre la ruta 14), se realizó la mudanza.

La misma situación tuvo el ANSES con su nuevo edificio. La licitación demandó un año y medio por la burocracia del Estado para el alquiler de la sede en avenida Gendarmería Nacional y restan todavía dos meses para ponerlo en condiciones antes del traslado.

 

El caso Kuhlmann

Según la Afip, la organización ilícita estaba liderada por Rubén Eduardo Kuhlmann e integrada por contadores, abogados, escribanos, informáticos y otros profesionales que se dedicaban a facilitar la evasión tributaria de terceras personas. Entre estos quedó procesado el actual asesor jurídico de la Defensoría del Pueblo, Hugo Lesiuk, quien se defendió diciendo que su procesamiento en el caso se debe a haber trabajado en el mismo edificio y compartir clientes con Kuhlmann. Algunos sectores salieron a pedir su renuncia y explicaciones por parte de Patricia Nittmann, aunque Lesiuk descartó dejar el cargo.

En la causa, se detectó que las firmas “de cartón” creadas por Kuhlmann y sus socios generaban comprobantes apócrifos que eran utilizados por otras empresas para omitir el pago de impuestos.

La Justicia Federal de Posadas había dictado el procesamiento -con prisión preventiva- y ordenado la detención del contador Kuhlmann pero la medida no pudo ser efectivizada en principio debido a que el sujeto se encontraba prófugo. En 2015 finalmente se entregó pero quedó en libertad tras el pago de una causión por parte de su abogado.

En la causa se realizaron 34 allanamientos, 15 audiencias indagatorias y más de 15 audiencias testimoniales. Las defensas presentaron 37 incidentes de nulidad y se han realizado varias denuncias contra los agentes de la AFIP tratando de frenar el accionar del Organismo.

Además, se trabó un embargo por 10 millones de pesos a los integrantes de la asociación y dictó el procesamiento -sin prisión preventiva- del abogado Hugo Lesiuk, de los contadores Adriana Minoura, Nancy Rodríguez, Raúl Kuhlmann y Rolando Ranzoni y también de Norma Trzcinski, Mauricio Arias y Gustavo S. Komatsu.

La causa se inició en febrero del 2013, luego de una denuncia de la AFIP ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, por presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal de una organización compuesta por profesionales.

Se trata de una asociación ilícita compuesta por más de 30 empresas fantasmas que simulaban prestar servicios inmobiliarios, financieros, de salud, seguridad y asesoramiento jurídico contable con el fin de evadir impuestos.

Se investigó la actuación de un grupo de profesionales de la zona centro de la provincia de Misiones que ofrecía servicios a terceros entre los cuales se puede mencionar: creación de empresas apócrifas; creación de documentación falsa; utilización de prestanombres; utilización de cheques de manera cruzada; simulación de relaciones laborales; utilización indebida de exenciones impositivas; falsificación de sellos y firmas; estafas procesales en procesos ejecutivos; maniobras con obras sociales; maniobras de lavado de dinero.

Además confeccionaban y certificaban estados contables falsos, procesos concursales y quiebras fraudulentas, facilitación en el intercambio de cheques a los contribuyentes a efectos de eludir los controles financieros, entre otros delitos.

En la investigación se detectó también la existencia de firmas que no tenían operatoria comercial y que no registraban acreditaciones bancarias, pero poseían un importante número de vehículos o propiedades, por lo que se solicitó que también se investigue el delito de lavado de activos.