La Querella apeló la liberación de Batista solicitando se revoque la resolución de Alarcón

OBERA. Frente a la resolución del juez de dando lugar al auto de soltura de Javier Batista, dueño de un gimnasio sobre calle Ralf Singer, acusado de causar “Lesiones gravísimas calificadas por Violencia de Genero” a su ex pareja Yennifer Guayaré Expte. N° 147126/2016 en la vereda del Club Cooperativa, en diciembre de 2016 durante una cena por el día del Camionero, la Querellante Karina Parfinjuk presentó este miércoles una apelación y “Expresión de Agravios”.

La presentación solicita se revoque el dispositivo apelado en cuanto es motivo de agravios, y ordene la inmediata detención del encartado a los fines de seguir cumpliendo prisión preventiva, formulando reserva de casación formal y sustancial enmarcado en los Art. 14 inc. 1º y 2º de la Ley 48.

Además considera que agravia en todo lo que dispone la resolución recurrida y detalla “Que aún cuando el Ministerio Público Fiscal se expidió positivamente (fs, 507) respecto de la soltura solicitada, la actividad de la querella no se subordina a sus conclusiones tal como expresamente lo señala el mismo art. 81 C.P.P.M., pues entiendo que es gravemente atentatorio a la integridad de la misma las medidas en el auto dispuestas toda vez que aumentan aún más el miedo en la víctima en cuanto se dispone la custodia permanente en el domicilio de la misma, invirtiendo el rol de ella, que a más de hallarse postrada en una cama por la conducta exclusiva del imputado, debe ser sometida a custodia permanente  aumentando in extremis el miedo de la misma y de todo su entorno familiar, máxime de haberse probado en cada concurrencia efectuada a su domicilio que son mujeres las que se hallan a su cuidado la mayor parte del tiempo, o sea, que el excarcelado tiene pleno derecho ambulatorio y la víctima lo tiene restringido porque debe obrar con custodia, se viola su libertad de transitar libremente, de privacidad dado que todo tiene que hacerlo con custodia, incluso si quisiese ir al cine por ejemplo (CIRCUNSTACIA QUE NO PUEDE EFECTUARSE POR HALLARSE POSTRADA), invirtiéndose el rol, siendo arbitrario incrementando aún más el miedo pues quiere decir que ni el Juzgado en 1ª Instancia ni el Ministerio Público Fiscal desconocen ese “peligro” sino que lo afirman.-

Que la querella en uso de facultades concedidas efectuará las siguientes consideraciones que fundamentan el agravio.

I.- Que la instrucción se encuentra cumplida y en consecuencia, aconseja mantener el statu quo asegurativo ya que la amenaza de pena es un elemento a tener en cuenta (319, 2 CPP) pues la pena sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo procesal.

II.- El art. 319 in fine CPP, como riesgo procesal pues admite que el sujeto sufre la patología descripta en el informe psicológico, en tal razón, la que ve constreñida su propia libertad entonces es la víctima, pues la custodia policial deviene un privilegio absurdo desde que la misma Fiscalía admite que ello es necesario como una CONSECUENCIA de la soltura.-

III.- Claro que no ha provocado problemas a la víctima, desde que al estar asegurado en prisión no puede producirse esto.-

IV.- Que el informe psicológico deja a las claras que “…surgen indicadores de cierta dificultad en el manejo de los impulsos…” “…capacidad de afrontar dificultades e instaurar recursos en situaciones de presión y estrés ambiental; ciertas veces, con sentimientos de omnipotencia, que en realidad podrían encubrir sentimientos de inferioridad, baja autoestima o vacío….” “…utilización de la negación y el control obsesivo como principales recursos defensivos para mantener el equilibrio psicológico ante la cierta ansiedad que puede surgir de la expresión consciente de sus impulsos, de la transgresión del código moral… (el destacado me pertenece)

“…Entre las defensas desplegadas por aquellas personas con proclividad a las conductas violentas se destacan. “…1) la negación, que implica negar una vivencia dolorosa, porque resulta insoportable…” “…3) la falla en la regulación de los impulsos (ocasionado por el debilitamiento de la estructura psíquica a causa de traumas tempranos), lo que requiere el control permanente de los mismos (me refiero a impulsos indeseados: desde la ira que lleva a cabo el acto violento; la angustia intensa que llevaría a buscar una conducta imperiosa para calmarla; la huida ante problemáticas de difícil solución, etc.)…”. Las Violencias de género, en la pareja, en la familia, a menores: abuso sexual infantil. (Enfoque psicológico aplicado el Derecho) Sonia Cesio Ediciones D&D 1ª Ed..

V.- La querellante debe ser oída y tiene derecho a producir y participar en las pruebas, pues su rol se asimila al del fiscal en forma transversal, siendo absolutamente necesario en el caso.

VI.- Que conforme surge de la jurisprudencia más autorizada Fallos “Santillán” y “Quiroga”, hay prácticamente unanimidad en la interpretación que permite al acusador privado de continuar en solitario la acción penal tanto en la etapa intermedia como en la etapa de juicio, en función de los precedentes indicados.

VII.- Que para evaluar la legitimación de la prisión preventiva, ha de ponderarse en primer lugar los fundamentos de su dictado, que han de estar claramente vinculados con los fines que persigue esa restricción de derechos de acuerdo a los criterios antes mencionados, pues Nuestro Máximo Tribunal ha destacado que “…el equilibrio entre el interés general individual y el interés general que la Corte procura mantener en tan trascendente materia… puede perderse … cuando la detención cautelar no encuentre … respaldo en la estricta necesidad de asegurar la consecución de los fines del proceso penal: averiguación de la verdad real y efectiva aplicación de la pena que pudiere corresponder al delincuente…” (Fallos: 316:1934 voto de los jueces Boggiano y Nazareno);

Agravia que en consideración a la grave calificación delictual que pesa sobre el imputado Batista Javier Orlando, el tribunal de Instancia haya ignorado y no atendido en su fundamentación parcializada que es doctrina y jurisprudencia pacífica ante estos hechos imputados de tanta expectativa de pena amenazada, con una confirmación de la prisión preventiva anterior de la C. de Apelaciones, que: La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho (Fallos 316:1947) que: “…el Tribunal ha reconocido también la raigambre constitucional de la prisión preventiva, necesario presupuesto del instituto de la excarcelación, desde que el art. 18 de la Carta Fundamental autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente. El respeto debido a la libertad individual -ha dicho la Corte- no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo. Se trata, en definitiva de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente (Fallos: 280:297), pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (Fallos: 272:188)”. Aquí  Batista Javier Orlando, no sufre persecución injusta, desde que tanto el Juzgado de 1º Instancia como la Alzada en su función revisora han confirmado la gravísima calificación legal que se le impuso. Por lo que no estamos aquí hablando de que no sea proporcional, justificada y necesaria para el aseguramiento de los fines del proceso medida cautelar que debe mantenerse y revocarse el auto que la hizo cesar, por las apuntadas razones, y las que pasaré a relacionar en lo sucesivo para mejor fundar esta apelación. (…) No se trata de una sanción la prisión preventiva, sino de una medida asegurativa que en estos casos lo es no solo para el proceso, sino para la misma sociedad, y va de suyo el círculo familiar que se denomina también víctima.-

VII.- El auto recurrido no justifica en los términos del art. 128 C.P.P.M. el riesgo procesal; la justificación del riesgo procesal es un elemento de consideración que se remite a la VEROSIMILITUD DEL DERECHO en primer lugar; la que se encuentra acreditada en base a la calificación legal atribuida al imputado Batista Javier Orlando, que abreva para su objetivación en el art. 319 del CPP en cuanto prescribe que para ello se tendrá en cuenta: inciso a) parágrafo 2. la magnitud de la pena que pueda llegarse a imponer, en consideración de la escala penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que tiene una pena máxima superior a ocho (8) años y se estima fundadamente que en caso de condena, no procederá la condena condicional; que es lo que en autos acontece; además de ello, cualquier persona en tal situación recurriría al supuesto b) el entorpecimiento del proceso debe fundarse en la existencia de riesgo valorado objetivamente en relación a las circunstancias del caso, características personales del imputado y estado de la investigación, que permitan sospechar fundadamente que la libertad del nombrado pondrá en peligro la recolección de elementos probatorios, individualización y/o aprehensión de otros imputados o el normal desenvolvimiento del proceso.

Aun cuando se entremezclan niveles argumentales que por un momento refieren a la acción como derecho a peticionar algo y por otros alude al contenido de lo que se peticiona, lo cual merecería algunas distinciones porque una cosa es tener derecho a peticionar a las autoridades (art. 14 CN) y otra es hacerlo porque tengo un derecho subjetivo al castigo de quien me hizo un daño, derecho que, sin embargo, no podré satisfacer, ejecutar o hacer ejecutar por mí mismo, ya que el Estado se ha apropiado del poder de imponer penas. Con la expresión “monopolio” se dicen muchas cosas y no se dice nada. Ya decía Carrara que “El principio de que la acción penal es siempre pública es de creación moderna, es una consecuencia del monopolio que ha querido dársele al Ministerio Público; este monopolio creó esa regla, y hoy quiere defenderse con ella dicho monopolio…”, lo cual calificaba de círculo vicioso.

Si existe querellante, no se afecta imparcialidad porque éste discrepe con el fiscal, ni se afectan potestades del Ministerio Público Fiscal. Lo único que debe asegurarse es que el querellante vaya a juicio y sea oído (“Santillán”).

Desde la óptica opuesta, corresponde relevar el hecho de que un procedimiento criminal por delito de acción pública se lleve a cabo o desarrolle con la actividad exclusiva de la querella no sólo no viola ningún derecho sino que ocurre a diario. Si el juez de instrucción dicta un sobreseimiento y sólo apela la parte querellante, la Cámara de Apelaciones tiene competencia para revocarlo y disponer que la acción penal siga ejercitándose, tal como sucede en Misiones donde tienen iguales facultades querellante que fiscal, en los procesos excarcelatorios porque trata sobre los derechos de la víctima y además, se incluye en el art. 319 in fine del CPP.

Que resulta un riesgo procesal y el peligro para la víctima y la virtual restricción de sus libertades al ser confinada en su casa con custodia, y no poder hacer una vida normal y autónoma, aún cuando la misma se halla en una cama ortopédica e imposibilitada de proporcionarse cuidados por sí sola, se invierte así el rol de imputado por el delito y de la víctima que no tiene por qué sufrir esta restricción; tal como lo exige la CAHD art. 5º que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; no habiéndose fundado en la Instancia la inexistencia de peligro procesal, y que este no es un reenvío a la Instancia, para que la instancia resuelva dejando a la Cámara el deber de objetivar el riesgo, ya que esto es competencia de la Instancia en tanto la Alzada tiene una función revisora, siquiera esto es un procedimiento en consulta.

Que en el caso el eje es la “perspectiva de género”, que debe primar y ser custodiada, en todo el proceso penal y que parece haber sido obviada u olvidada, la que sin embargo aparece consagrada en numerosos instrumentos Internacionales receptados por el Estado Argentino y cuyo cumplimiento es de observancia obligatoria en nuestro derecho, más concretamente la Convención de Belém Do Pará cuando exige el cumplimiento de una vida sin violencia para las mujeres. ¿Qué es entonces la medida dispuesta? …de custodia permanente en el domicilio, que sólo contribuye a generar más miedo en la víctima. Y… si no es peligroso, ¿por qué ha sido dispuesta?. Deja sin lugar a dudas la respuesta de que sí hay peligro.

Que, por último, la grave expectativa de pena amenazada por la calificación legal impuesta al encartado es de ponderar ya que estando pronto a la elevación a juicio, tal como lo tiene resuelto en forma casi invariable V.E. eso profundiza el peligro procesal en forma objetiva. (art. 319 inc. 2 del CPP) aconsejando mantener la medida asegurativa.

Siendo además que el Juez a quo se ha limitado a disponer medidas probatorias, pero en su auto no ha valorado críticamente las mismas dentro del contexto general y particular de la causa, limitándose a seguir el consejo fiscal, y abdicando de ese modo del juzgar conforme al principio de sana crítica y violando la igualdad de armas como principio procesal; sumiendo a la víctima en una situación empeorada por el hecho de que la excarcelación del imputado le permite a este no solo profugarse, sino instaurar un estado objetivo de zozobra en la persona de la víctima, que tiene que vivir custodiada a más de cargar con la cruz de la secuela incapacitante que sufre como consecuencia del hecho delictivo. Se produce entonces un fenómeno inverso: la víctima debe ser por imperio de la excarcelación concedida restringida en su libertad en tanto el encartado goza del más amplio derecho de libertad ambulatoria; de allí que no haya sido caprichoso en modo alguno el Legislador al prescribir in fine del art. 319 del Ritual que se denegará en consideración al riesgo de la víctima la excarcelación en cuanto las consecuencias de la libertad del encartado.

Por tanto, considero que el a quo ha incurrido en un vicio de fundamentación al haber omitido analizar suficientemente la naturaleza de los hechos que se le atribuyen al imputado, la complejidad de la causa, las constancias probatorias y las condiciones personales del encausado en el examen de los riesgos procesales en autos. En consecuencia, la resolución recurrida no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido (art. 128 C.P.P.M.). En consecuencia, se demuestra la necesidad e indispensabilidad de mantener el encarcelamiento preventivo del imputado para asegurar los  fines del proceso penal” finaliza.