Solicitan intervención de la Defensoría del Pueblo en la nulidad de la Asamblea de la CELO

OBERA. Fue presentado en la oficina de la Defensora del Pueblo a cargo de Patricia Nittmann, un pedido para que tomen intervención en un recurso de Acción de nulidad presentado por Florentín Monge y Rubén López contras las resoluciones aprobadas en última Asamblea Gral Ordinaria de Delegados de la CELO.

La Defensoría citó a los denunciantes para este viernes y a la CELO la semana próxima para analizar la competencia mediante un “amicus curiae” en esa causa. El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución.

 

Monge y López recurrieron a la justicia mediante un recurso presentado el pasado 9 de febrero en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1, Secretaría Nº2 a cargo de Alfrado Cassoni, con el patrocinio del abogado local Carlos Rebechi para solicitar la nulidad total de la última asamblea de distrito de la CELO celebrada en noviembre pasado bajo la presidencia entonces de Rafael Pereyra Pigerl, por estar “viciada de nulidad” fundamentaron en conferencia de prensa.

 

En la ocasión, con el voto de la mayoría, se aprobó el punto 2, sobre la Memoria y Balance del ejercicio 2016/2017 e informe de auditoría confeccionada por el contador Mauricio Mecozzi y sindicatura a cargo de Jorge “Koki” Duarte y Néstor Mattos.

Según el balance, la Cooperativa arrojó un resultado positivo cerrado el 31 de julio de 2017 con $ 2.640.278,91, esto debido a una supuesta condonación de deudas hechas por el Sindicato de Luz y Fuerza de 37 millones de pesos y un subsidio (aporte no reintegrable) del estado provincial por 8 millones.

Sin embargo, los denunciantes tras un pedido de informes a la propia cooperativa descubrieron que no figura como “condonación de deuda” si no como “ingresos extraordinarios” imputados a los asociados como si hubieran habido socios que le dieron 37 millones de pesos a la CELO, argumentan en el recurso.

El pedido de nulidad abarca la asamblea completa, incluyendo la aprobación de la reforma del estatuto que según la norma regulatoria de sociedades cooperativas, debía hacerse con el voto de las dos terceras partes, sin embargo, fue por “amplia mayoría” figura en el acta.

Además, siendo el punto central de la asamblea, la aprobación de la Memoria y Balance, el resto de los puntos tratados durante la misma serían anulados, incluyendo la votación de los nuevos consejeros y síndicos, explicaron.

Monge detalló que “si miramos que el pasivo del año anterior tenemos uno de 323 millones y el actual es de 373 millones, entonces es muy fácil hacer un cálculo que esto que inventaron acá no tiene consecuencias en el balance, si hubiera tenido, nuestro pasivo debería tener mucho menos, esto es una cosa inventada y tiene consecuencias” afirmó.

Cabe recordar que la contratación de Mauricio Mocozzi como auditor fue muy cuestionada por ser “directa”, sin llamado a concurso sumado a que no estaba inscripto en el registro provincial al tener su estudio en la localidad de Paso de los Libres. Además señalaron que tiene un parentesco con Pigerl.

El balance del último ejercicio que supuestamente dio ganancias después de 14 años de déficit fue anunciado en días electorales donde el entonces presidente logró una banca en la Cámara de Representantes de la provincia. En la conferencia también estuvo presente Guillermo Monge, ex síndico.

 

Por su parte, Duarte se defendió mediante un comunicado acusando a los denunciantes de operar a favor del titismo y hasta menciona un vínculo con Alejandro De Paula (comparte el espacio físico con Ribechi), ex gerente de la CELO que demandó a la misma tras su despido.

En su misiva, Duarte dijo “Los desafíos que implico asumir la administración de la CELO, por parte de la Lista Blanca, en el terreno del Cooperativismo implico un duro golpe al poder local que bajo la forma asociativa condujeron a esta Institución y otras en la ciudad, con un marcado interés sectorial, teniendo como principio precisamente, no el bien común, y que en el terreno del Cooperativismo aún se disputan, por un lado seguir recuperando los principios de Interés por la Comunidad, Cooperación, Autonomía, Solidaridad, Honestidad, etc. y por otro lado quienes pretenden posicionarse para perseguir intereses contrarios a lo que definieron los Socios en las pasadas elecciones Distritales del 26 de Octubre de 2.017.

Quienes son los que promueven esta Acción de Nulidad en la Justicia para dejar sin efecto la última Asamblea General Ordinaria de Delegados, y aquí está el nudo de la cuestión. En primer lugar, el Socio Monge directamente vinculado a la matriz impuesta por el Rindflismo, donde en el período 2.012-2.014 pasó por alto el dictamen jurídico del Ministerio de Acción Cooperativas, que establecía la incompatibilidad de poder ser Consejero y Gerente General, Asumiendo en el cargo de Gerente General el entonces Consejero Alejandro De Paula hombre ligado al ex intendente Ewaldo Rindfleisch, y que además lleva adelante una demanda contra la Cooperativa por más de un millón y medio de pesos. Como también la participación en la contratación fraudulenta con la Empresa San Juan Perforaciones, para la realización de los pozos de agua termales, y que hoy la institución debe afrontar una demanda millonaria con dicha empresa.

Entre otras actividades absolutamente opuestas a los principios cooperativistas, como la contratación directa en el año 2.012 de un estudio contable de la Provincia de Chaco, o pretender cerrar un acuerdo con la misma FATLyF por la deuda mantenida con ésta, con un terreno de propiedad de la municipalidad de Oberá.

Estos solo algunos de los hechos en que incurrieron estos personajes del Cooperativismo obereño. En segundo lugar quien asesora legalmente a estos socios, el abogado Carlos Alberto F. Rebechi. Profesional directamente vinculado al Cdor. Alejandro De Paula, de hecho utilizan el mismo espacio físico para sus prácticas profesionales, en una conocida galería comercial de nuestra ciudad. Estos elementos nos permiten entender del porqué de su accionar constante, volver a administrar la CELO, por lo que los socios en estos tres últimos períodos le han dicho basta en los respectivos distritos electorales. Cabe mencionar respecto a la contratación de la Auditoria Externa para el período 2.016/17, que como bien consta en el Acta N° 3.136 de Reunión de Consejo de Administración de fecha 15/02/17, es adoptada por unanimidad, y en concordancia a lo que establece la Ley N° 20.337 máxima norma jurídica en materia de Cooperativismo. Permitiendo además reordenar un sector estratégico como el de Gestión y Cobranza reflotando deudas voluminosas y antiguas de un número importante de socios con favorable poder adquisitivo, Separando del cargo a las personas que tenían responsabilidad en esta área y sumariando a otra cuya responsabilidad era indelegable. Que el Balance General de la Cooperativa estuvo a cargo de los Contadores de la Institución bajo la coordinación de la Gerencia General y la observación del Tesorero. Balance que a diferencia de otros tuvo un resultado favorable de algo más de 2.5 millones de pesos, en cuyo resultado tuvo un rol fundamental, los trabajadores, en particular los de Luz y Fuerza, a través del cuerpo de Delegados, la Comisión Directiva Provincial y Nacional, por su intervención e intermediación en el convenio firmado con la FATLyF donde se realiza la quita de intereses del capital adeudado por la institución, de sus salarios diferidos por algo más de 37 millones de pesos. Se desprende de todo esto que quienes interponen este pedido de nulidad no tienen intencionalidad en defender a los Socios-Dueños de la CELO, más que retomar la anterior forma de gestión, que fue claramente la más perjudicial, la de mayor endeudamiento de la historia de nuestra institución, en la cual ellos fueron parte y hoy en estos años ha tomado un rumbo ascendente por un manejo del dinero de los Socios-Dueños de forma austera, honesta y transparente, cuidando buscando las pequeñas inversiones con criterio colectivo, pero sobre todo para poner de pie a esta Institución unas de las más importantes de la Región. Más allá de ello ahora será la Justicia quien determinará lo actuado si se ajusta a derecho, pero fundamentalmente por decisión de los Socios-Dueños”.