Cada preso le cuesta al Estado Provincial $20 mil por año; el 40 % no tiene condena

MISIONES. Al Estado misionero le cuesta 1.500 por mes cada persona privada de su libertad en las cárceles, es decir unos 20 mil pesos por año (con todo lo que incluye el racionamiento, cobertura médica y asistencia educativa) que totalizan un presupuesto anual de unos $30 millones dentro del sistema carcelario provincial compuesto por ocho unidades penales con un total de 1510 reos (el 40 % sin condena, es decir con preventiva) incluyendo el penal de mujeres.

Los datos fueron confirmados por el Alcaide inspector Jhony Ariel Piedades, Jefe de Despacho de la División Régimen Correccional en la Dirección General del SPP, en diálogo con el canal Misionescuatro quien precisó que mantener a los detenidos tras las rejas “ocupa una gran parte del presupuesto del Servicio Penitenciario Provincial”.

“En las UP de Loreto, Oberá y Eldorado, tenemos casi 900 presos en esas prisiones. En la Unidad 6 de Encausados, tenemos 201. Tenemos que acondicionar las cárceles que tenemos” detalló admitiendo que en los últimos años solo se construyeron dos cárceles.

 

A nivel nacional, surgió la polémica por la liberación de unos 1.500 presos del Servicio Penitenciario Federal por superpoblación carcelaria. Por pedido de la Justicia Federal, el Servicio Penitenciario le envía informes técnicos sobre presos que están en condiciones de obtener el arresto domiciliario o la libertad condicional. En estas listas figuran mujeres embarazadas, madres con hijos menores a 4 años, integrantes del colectivo LGTBI, enfermos terminales, discapacitados y mayores de 70 años. Dentro de este último grupo figuran represores como Jorge “Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón, que representan un 6% del total, indicaron desde el Ministerio de Justicia a TN.

La posibilidad de que estos represores fueran liberados generó fuertes cuestionamientos del massismo, que reclamaron “el urgente tratamiento del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal” presentado por el Frente Renovador para que “el cumplimiento de condena efectiva sea una realidad”.

Los diputados acusaron al Gobierno de querer liberar “violadores, represores y narcotraficantes por superpoblación de cárceles”, entre los 1.400 presos que figuran en las listas. Aunque el Ministerio de Justicia aclaró que la decisión final la tiene el Poder Judicial y no el Ejecutivo.

A partir de los informes del SPF la Justicia analiza si los presos mencionados en las listas, con perfiles criminológicos de baja peligrosidad, pueden pasar a estar bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. O si, en los casos de quienes cumplieron las dos terceras partes de la pena, están en condiciones de acceder a la libertad condicional.

El Gobierno, a través del Servicio Penitenciario Federal, envía estos informes a la Justicia desde enero de 2017 por la delicada situación por la que atraviesan las prisiones federales, por la superpoblación carcelaria. En algunos de los casos los detenidos podrían acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y en otros, a la libertad condicional, si así lo deciden los jueces.