El 350% de Milei y la memoria selectiva: cuando el rigor periodístico depende de quién gobierna



Tratar la inflación acumulada desde la llegada de Javier Milei al Gobierno como un fenómeno aislado, sin explicar de dónde venía la economía argentina ni qué condiciones recibió la actual administración, es intelectualmente deshonesto y periodísticamente malicioso. No porque el Gobierno deba quedar exento de críticas, sino porque ningún análisis serio puede prescindir de los antecedentes que permiten comprender el presente.

Una publicación de Primera Edición eligió llevar a su tapa de domingo un dato contundente: la inflación acumulada desde que asumió Milei supera el 350%. El número puede ser estadísticamente correcto. El problema es el enfoque y lo que se omite al presentarlo. Es como responsabilizar al último dueño de un vehículo usado por todos sus desperfectos, ignorando que lo recibió después de años de abandono y que tuvo que llevarlo al taller para intentar devolverle una segunda vida. Se puede discutir el costo de la reparación, el tiempo que demanda o el resultado obtenido, pero sería absurdo analizar el funcionamiento del vehículo sin contar su historia.

La memoria selectiva de los acumulados

Si el criterio periodístico consiste en medir la inflación acumulada desde el comienzo de cada gobierno, corresponde aplicar la misma vara a todas las administraciones. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la inflación acumulada rondó el 931%. Los registros anuales muestran la dimensión del proceso: 36,1% en 2020, 50,9% en 2021, 94,8% en 2022 y 211,4% en 2023. No fue una corrección inicial seguida de una desaceleración, sino una dinámica inflacionaria que se aceleró hasta dejar al país con una inflación anual superior al 200%.

Con ese mismo criterio, también se podría haber instalado durante aquella gestión un titular permanente sobre los casi mil puntos de inflación acumulada. Sin embargo, no siempre se observó la misma insistencia editorial ni semejante despliegue de alarma frente a un deterioro que terminó pulverizando el poder adquisitivo de los argentinos.

El período de Cristina Fernández de Kirchner también merece una consideración. La intervención del INDEC deterioró la credibilidad de las estadísticas oficiales y obligó a recurrir a mediciones alternativas. El IPC Congreso estimó una inflación acumulada del 476,5% durante sus dos mandatos. Es decir, cuando se utilizan períodos comparables y se pone cada cifra en perspectiva, aparecen antecedentes que no pueden desaparecer de la discusión pública simplemente porque hoy el protagonista sea otro.

La inflación no aparece de la nada

Hay algo todavía más importante que la comparación entre gobiernos: entender las causas del problema que Milei intenta corregir.

Argentina lleva décadas conviviendo con un Estado que gasta por encima de sus posibilidades, acumula desequilibrios fiscales y, durante largos períodos, recurre a la emisión monetaria para financiar sus necesidades. Esa práctica deteriora el valor de la moneda, destruye el ahorro en pesos y termina trasladando sus consecuencias a toda la sociedad, especialmente a quienes menos herramientas tienen para proteger sus ingresos.

La inflación no es una abstracción estadística. Es el dinero que pierde valor, el salario que alcanza para menos, el ahorro que desaparece y la incertidumbre que impide planificar. Funciona, además, como un impuesto encubierto que castiga especialmente a los trabajadores, jubilados y sectores que dependen de ingresos fijos.

Por eso, cuando Milei plantea que terminar con la emisión destinada a financiar al Tesoro es una condición indispensable para estabilizar la economía, no se trata simplemente de una consigna política. Existe una razón económica detrás de esa decisión: no se puede pretender recuperar el valor de la moneda mientras el Estado continúa financiando su déficit mediante la emisión.

Esto no significa que cerrar la canilla de la emisión haga desaparecer automáticamente la inflación. Existen inercias, expectativas, ajustes de precios relativos, tarifas y otras variables que también intervienen. Pero hay una diferencia sustancial entre corregir los desequilibrios que alimentan el problema y continuar reproduciendo los mecanismos que lo generaron.

El dato que falta en el titular

El acumulado superior al 350% cuenta una parte de la historia, pero no muestra cómo evolucionó la inflación durante la actual administración. La inflación interanual, que había llegado al 211,4% en diciembre de 2023, descendió al 33,1% en octubre de 2026, mientras que la variación mensual se ubicó en el 2,2%.

Son datos que también merecen una tapa. No porque deban utilizarse para celebrar al Gobierno, sino porque forman parte de la misma realidad económica que se pretende analizar.

Se pueden construir distintos titulares con las mismas estadísticas: la inflación acumulada supera el 350% desde la asunción de Milei; la inflación interanual pasó del 211,4% al 33,1%; o la variación mensual bajó del 25,5% de diciembre de 2023 al 2,2% de octubre de 2026.

Ninguno de esos números es falso por sí mismo. Pero cada uno describe una dimensión diferente. El problema aparece cuando se selecciona exclusivamente el indicador que alimenta una determinada interpretación y se omiten los demás. Eso no es contextualizar la información: es condicionar la lectura del público.

Tampoco hay que confundir desaceleración inflacionaria con recuperación del poder adquisitivo. Que los precios aumenten a menor velocidad no significa que hayan bajado ni que los salarios hayan recuperado todo lo perdido. La situación económica de las familias sigue siendo una preocupación concreta y legítima. Pero reconocer esa realidad no obliga a desconocer el cambio de tendencia inflacionaria.

Criticar es legítimo. No ofrecer alternativas es insuficiente

El Gobierno de Milei puede y debe ser cuestionado. Se puede discutir la velocidad del ajuste, las prioridades del gasto público, el impacto sobre determinados sectores, la acumulación de reservas, la carga impositiva y las condiciones necesarias para que la inversión privada genere empleo y crecimiento.

Lo que resulta intelectualmente insuficiente es cuestionar el camino sin explicar cuál sería la alternativa para resolver los problemas que llevaron a la Argentina a esta situación.

¿Volver al déficit fiscal? ¿Financiarlo con emisión? ¿Recuperar los controles de precios y cambiarios? ¿Aumentar impuestos para sostener una estructura estatal que consume más de lo que recauda? ¿Cuál de esos mecanismos permitiría estabilizar la economía sin volver a trasladar los costos a toda la sociedad?

No alcanza con señalar las consecuencias del ajuste. También hay que explicar cómo se habría evitado el desastre heredado sin corregir los desequilibrios fiscales y monetarios. Y, sobre todo, qué alternativa concreta permitiría bajar la inflación sin volver a generar las condiciones que la hicieron crónica.

Hasta ahora, la propuesta de Milei tiene una dirección económica definida: equilibrio fiscal, disciplina monetaria y reducción de la dependencia del financiamiento estatal mediante emisión. Se puede discutir su implementación, sus costos y sus resultados, pero no se puede desconocer que apunta a corregir problemas estructurales que otros gobiernos postergaron o profundizaron.

El desafío pendiente es que esa estabilización se traduzca en crecimiento sostenido, recuperación de los ingresos, más empleo privado y mejores oportunidades. Ese es un terreno legítimo para exigir resultados y controlar la gestión.

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos

El 350% puede ser correcto. Lo que no resulta correcto es presentarlo como si explicara por sí solo la situación económica argentina o permitiera evaluar una gestión sin considerar el punto de partida, la evolución de los indicadores y las políticas aplicadas.

Un titular puede ser técnicamente verdadero y, al mismo tiempo, construir una interpretación profundamente incompleta. El periodismo tiene la responsabilidad de informar, comparar, contextualizar y ofrecer al lector todos los elementos necesarios para comprender una realidad compleja. No de seleccionar una cifra, aislarla del resto y convertirla en una conclusión predeterminada.

La crítica al poder es una obligación del periodismo. Pero también lo es el rigor. Y el rigor exige utilizar la misma vara para todos, incluso cuando los datos no coinciden con las preferencias políticas o editoriales de quien los publica.

Porque si para analizar a Milei hay que olvidar de dónde venimos, entonces no estamos haciendo periodismo económico. Estamos haciendo política con números.

Daniel Orloff