Por Carlos Lezcano
El asfalto frente a la Legislatura provincial todavía guarda el eco de los bombos. Allí estuvieron, poniendo el cuerpo referentes de la talla de Alberto Holz. A su lado, marcharon dirigentes críticos al poder y un colectivo de jubilados docentes que llegó desde cada rincón de la provincia. Con el respaldo de miles de voluntades, la exigencia era contundente: derogar de raíz el primer párrafo del Artículo 10 de la Ley VII N° 103, ese mecanismo burocrático que congela los haberes de los pasivos mientras la inflación licúa sus vidas. Sin embargo, la respuesta del poder político no tardó en llegar, vestida con el ropaje de un falso consenso.
El texto original del Artículo 10 forma parte de un decálogo de artículos que permanecieron de la Ley de Presupuesto 2025. Al haberse publicado dicha ley el 1 de noviembre de 2024, el congelamiento y la deuda quedó implícita y clara desde ese mismo momento.
Pero apenas la movilización genuina se desconcentró, aparecieron en escena los gremios amigos del poder. En una mesa armada a espaldas de quienes sostienen las pancartas, estos sectores sindicales «escribanos» firmaron un acuerdo que no elimina la trampa, sino que amplía los plazos de la estafa, poniéndole una caducidad formal recién a julio de 2027.
La trampa de las fechas es quirúrgicamente electoral. Con la modificación pactada entre gallos y medianoche, el cobro total del 100% de la movilidad se patea hacia el final de ese plazo extendido. La fecha no es casualidad en el tablero político: ocurrirá inmediatamente después de las elecciones generales de Misiones, planificadas de manera adelantada para mayo o junio de ese mismo año. El oficialismo provincial se asegura, así, patear el costo financiero y el malestar social para después de las urnas, estirando los créditos de los jubilados a un condicionado y futuro acuerdo con la Nación.
El plan de pago acordado es un goteo asfixiante que solo contempla abonar las actualizaciones al día, sin reconocer una sola línea de las deudas acumuladas millonarias que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene con los maestros desde aquella publicación de noviembre de 2024. Esas diferencias técnicas, que en muchos casos superan con creces los 15 millones de pesos por docente, quedaron borradas del mapa oficial. La oferta consagrada por los gremios oficialistas propone pagar apenas un 25% de las movilidades a noviembre, alcanzar un 50% en marzo de 2027, y recién llegar al 100% en julio de 2027.
Esta claro para los representantes críticos y las bases de jubilados de toda la provincia, la tregua firmada por los gremios amigos no es más que una capitulación que posterga la dignidad de los más vulnerables. Mientras los funcionarios celebran el «acuerdo» en oficinas climatizadas, los jubilados docentes saben que les acaban de reprogramar el despojo. La lección que queda flotando en las aulas y en las plazas de Misiones es clara: la firma de un burócrata alineado con el poder puede estirar una ley, pero la verdadera legitimidad sigue estando en la calle, donde las tizas no se rinden.
