Los diputados de «Por la vida y los valores» -matrimonio que entró a la legislatura por y gracias a Amarilla, se sumaron al rovirismo para sepultar un pedido de interpelación al ex intendente de San Javier, Matías Vilches, hoy Ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración del gobierno de Puerto Laurel. Pero hay tres ausentes al momento de la votación que no podían desconocer el orden del plan de labor, aunque los del bloque de la Tal Ivana se hayan puesto a pedir preferencias en fila para restarle tiempo al tiempo.
En una sesión bochornosa y plagada de complicidad, la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones ratificó que el oficialismo y su aparato de poder no representan ningún cambio ni aire nuevo: son la misma y sistemática maquinaria diseñada para blindar a funcionarios corruptos, opacos y manchados por el desmanejo de los fondos públicos.
Con 20 votos por el rechazo frente a 17 afirmativos, la clase política sepultó cualquier intento de interpelación contra el ministro Matías Gustavo Vílches, eximiéndolo por completo de dar la cara ante la sociedad.
La maniobra, ejecutada bajo la excusa insostenible de que «ya no es intendente» cuando en realidad sigue siendo el jefe comunal de San Javier en uso de licencia para ocupar un cómodo despacho ministerial, demuestra que la impunidad es la regla y la protección corporativa es el pacto fundacional de este sistema político.
El blindaje legislativo busca sepultar lo que los organismos de control ya dictaminaron con rigor legal:
La Sentencia N° 907/2023: El Tribunal de Cuentas desaprobó de forma lapidaria su gestión financiera al frente de San Javier, condenándolo a pagar un cargo pecuniario solidario de $33.383.301,06 y multas personales de $730.000 por la escandalosa falta de documentación respaldatoria, retenciones indebidas de impuestos y un desorden contable absoluto.
Las irregularidades del Ejercicio 2023, la falta de trazabilidad en transferencias a proveedores como Generar Misiones S.R.L. y los manejos discrecionales de fondos públicos que demuestran una gestión opaca y fraudulenta.
Mientras la Legislatura provincial se arrodilla para encubrir la corrupción, el verdadero rechazo a estas prácticas opacas viene desde las bases. En el propio municipio donde ocurrieron los hechos, las concejales de La Libertad Avanza, Mirta Beatriz Barrios y Lucia del Carmen Mottard, ya habían denunciado formalmente estos manejos espurios y exigido informes que fueron sistemáticamente cajoneados y desoídos por el poder político local.
El tiempo les dio la razón donde el poder político instituyó el blindaje y la premiación de funcionarios cuestionados, las concejales marcaron la línea de la decencia y la transparencia. Hoy, la sociedad observa azorada cómo este modelo no se recicla ni se purifica; por el contrario, se une disciplinadamente para garantizar que la corrupción quede impune.
Fuente Walter Bravo / Gastón Arotcharen
