El diputado provincial Adrián Núñez, de La Libertad Avanza, presentó seis proyectos para reformar el funcionamiento de la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario, con eje en la salud mental de los efectivos, los traslados, la situación de las comisarías y la reglamentación de las custodias a funcionarios.
«La policía no es la agencia de seguridad privada de los políticos…. El rol de la policía no es ser chofer de funcionarios. Presentamos un Plan Integral de Seguridad Provincial para respaldar a nuestros policías, sumar presencia y mejorar la prevención. Más policías en las calles. Más seguridad para los misioneros», explicó a través de sus redes sociales.
Núñez cuestionó el destino actual de parte de los recursos humanos y móviles de la Policía provincial, y planteó una consigna que atraviesa sus seis proyectos: “Que vuelvan a la calle”.
Durante su exposición en la Cámara de Representantes, el legislador sostuvo que actualmente hay efectivos policiales destinados a custodiar funcionarios, permanecer en hospitales, realizar traslados o recorrer barrios para entregar notificaciones judiciales, tareas que —según planteó— deberían ser asumidas por otras estructuras del Estado o mediante herramientas digitales. “La Policía tiene que estar en la calle, cuidando al vecino”, sostuvo.
Para el legislador, el policía debería concentrarse en la prevención del delito, la investigación y el mantenimiento del orden público, mientras el Estado debe garantizar, en paralelo, mejores condiciones laborales, mecanismos de defensa y respaldo institucional para quienes integran la fuerza.
Salud mental y prevención del suicidio
Uno de los seis proyectos propone crear un Programa Provincial de Protección Integral de la Salud Mental y Prevención del Suicidio para integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario. Núñez cuestionó la falta de información pública sobre indicadores vinculados a salud mental, licencias psicofísicas y otros aspectos ligados al bienestar del personal, y mencionó durante su exposición casos de agentes que, según sostuvo, atentaron contra su propia vida en los últimos años.
La iniciativa plantea la creación de un servicio de salud ocupacional por fuera de la cadena de mando, con el objetivo de que los efectivos puedan solicitar asistencia sin temor a consecuencias laborales. También propone el retiro preventivo del arma en determinadas situaciones, aclarando que esa medida no debería implicar una reducción salarial para el agente.
Traslados: un límite a la discrecionalidad
Otro de los expedientes apunta a modificar el régimen de traslados del personal policial y penitenciario. La propuesta establece que cualquier traslado superior a los 20 kilómetros requiera una fundamentación detallada y una notificación con 15 días de anticipación, además de contemplar una compensación económica, un adicional por desarraigo y la posibilidad de presentar un recurso con efecto suspensivo. “Pone fin al uso del traslado como una sanción encubierta”, sostuvo Núñez durante la presentación.
Comisarías al límite: más de mil detenidos
Un tercer proyecto aborda la situación de las personas privadas de la libertad alojadas en dependencias policiales. Núñez propuso declarar la emergencia del sistema de detención en comisarías y establecer límites concretos de alojamiento para cada dependencia. El legislador afirmó que actualmente habría más de mil personas detenidas en comisarías de la provincia, cifra que atribuyó a lo expuesto por el propio jefe de la Policía.
La iniciativa plantea una alerta obligatoria cuando una dependencia alcance el 80% de su capacidad, y el rechazo de nuevos detenidos cuando llegue al 100%. También busca delimitar la responsabilidad del personal policial cuando la sobrepoblación sea consecuencia del colapso del sistema y no de una conducta individual del agente, salvo casos de abuso o complicidad, y contempla la creación de centros de detención transitoria en las unidades regionales.
Un tribunal disciplinario independiente
Núñez también propone modificar el sistema disciplinario de la Policía mediante la creación de un tribunal disciplinario independiente de la Jefatura de Policía, integrado por representantes del personal y abogados de la matrícula sorteados por el Colegio de Abogados. El proyecto establece plazos máximos para la resolución de los sumarios, mayor publicidad de los procesos de ascenso, y la creación de un servicio de defensa legal para los policías imputados por hechos ocurridos en el cumplimiento de sus funciones, que —según explicó el legislador— se financiaría con partidas presupuestarias existentes, sin demandar gasto adicional.
El proyecto que toca directamente a la política: las custodias
Uno de los puntos con mayor impacto político del paquete es el proyecto que busca reglamentar la asignación de custodias policiales a funcionarios. La propuesta establece que el gobernador, el vicegobernador, el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente del Superior Tribunal de Justicia mantengan la custodia correspondiente a sus cargos, de acuerdo con las normas vigentes.
Para el resto de los funcionarios, incluidos los propios diputados, Núñez propone que la custodia requiera una orden judicial fundada en un riesgo real y acreditado, con un límite máximo de 90 días. El argumento del legislador es que los efectivos y móviles actualmente destinados a tareas de custodia deberían reorientarse hacia la prevención del delito, en una iniciativa que abre una discusión que trasciende el funcionamiento policial y alcanza directamente al esquema de seguridad de la propia dirigencia política provincial.
Menos burocracia y más prevención
El sexto proyecto busca fortalecer la función específica de la Policía y reducir las tareas administrativas que, según Núñez, terminan alejando a los efectivos de las calles. La iniciativa propone concentrar la actividad policial en prevención, investigación y orden público, mientras incorpora al Servicio Penitenciario las funciones de custodias y traslados judiciales y hospitalarios, además de poner en funcionamiento alcaldías de tránsito en cada unidad regional.
Otro de los objetivos apunta a la digitalización de las notificaciones judiciales, para que los policías dejen de recorrer los barrios entregando cédulas de papel. El proyecto establece un plazo de 90 días para implementar un convenio marco de digitalización, y dispone la reincorporación progresiva a la calle del personal actualmente destinado a hospitales, juzgados o tareas de notificación.
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