Por Daniel Orloff
El Gobierno de Misiones anunció la eliminación de 114 cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo y lo presentó como un paso para “hacer más eficiente el Estado” y “cuidar la plata de los misioneros”. En los papeles suena bien. Nadie puede estar en contra de un Estado más ordenado y menos costoso. El problema es otro: sin números concretos, no hay reforma, hay relato.
El Decreto N° 267, firmado el 24 de febrero y publicado en el Boletín Oficial N° 16542, suprime direcciones, coordinaciones, secretarías privadas y otros niveles jerárquicos distribuidos en 17 jurisdicciones.
Lo increíble es que no informa cuánto cobraban esos cargos ni cuánto dinero dejará de gastar la provincia por mes o por año. Tampoco detalla qué ocurrirá con quienes los ocupaban. Las declaraciones oficiales fueron claras: no habrán despidos.
Entonces la pregunta es directa: si no hay despidos y no se informan números, ¿dónde está el ahorro?
Eliminar estructuras en el organigrama no necesariamente reduce el gasto porque «la provincia de Misiones es un éxito en gestión económica y una de las que menos empleados públicos tiene por razón de habitantes en la región»… ponele. Si las personas siguen dentro del Estado y mantienen niveles salariales similares, el impacto presupuestario puede ser mínimo. Y si existía margen para prescindir de esas 114 estructuras, la pregunta es todavía más incómoda: ¿por qué se sostuvieron durante años?
La sociedad no reclama anuncios. Reclama resultados medibles. En un contexto donde cada peso cuenta, el Gobierno tiene la obligación de publicar cuánto se ahorrará mensualmente y cuánto representará en términos anuales dentro del presupuesto provincial. Sin ese dato, la medida es «a medio pelo».
Si en los próximos meses el funcionamiento del Estado sigue igual y el gasto no muestra una reducción de gastos, quedará claro que no se trató de una reforma profunda sino de un reordenamiento administrativo presentado como ajuste para la tribuna.
La eficiencia no se declama: se demuestra con números.
