Tanto ayer como el martes, los tres gremios con incidencia: AEFIP, Supara (Aduana) y Unión de Personal Superior realizaron un “apagón informático” como protesta por el cierre de sucursales, entre estas la de Oberá, además por una recomposición salarial y contra los despidos.
El costo para desvincular empleados que impulsa el gobierno de Javier Milei contempla el pago adelantado de 20 salarios según la categoría que correspondan. El 70% de quienes accedieron al beneficio con el que el Gobierno buscaba recortar ARCA corresponden al Grupo 26, es decir, categorías de directivos o altos directivos. Eso en números redondos, equivale a una erogación que supera los $100 millones per cápita y escala, según el escalafón a los $120 millones para el personal más especializado. El dato no menor es que el plan de achique empujó a la migración masiva de personal calificado hacia el sector privado, que fueron quienes mayoritariamente se acogieron al retiro. Y generará un costo aproximado que ronde los $330 mil millones al Estado.
Cuadros formados en la ex AFIP son apetecibles para los grandes estudios especializados en planificación fiscal tanto como para consultoras que van desde las Big Four hasta otras de menor escala, pero cuyos clientes son precisamente objetivos de fiscalización de ARCA como contribuyentes. En términos de recorte, el Gobierno todavía tiene margen para cumplir con el declamado 30% de reducción de personal para el organismo recaudador, pero, a la vez, ha conseguido desprenderse del personal con mayor expertise y formación, lo que no beneficia al Estado en su rol de control.
El cierre de delegaciones y el malestar sindical
La situación se cruza con otras tres variables: la merma en la recaudación en términos reales que tiene impacto en las metas para el cumplimiento de los objetivos, compromisos internacionales y la coparticipación; el malestar gremial por la licuación de haberes a partir del doble recorte en el denominado Fondo de Jerarquización, que funcionaba como incentivo salarial a partir de determinado aumento en la recaudación total; y por último el cierre de 100 delegaciones en el interior del país que ocasionó efectos colaterales indeseables, como el caso de Chilecito, en La Rioja. Allí se cerró la delegación que tenía mayor recaudación que la de la capital provincial y que su homóloga de San Juan por el padrón de contribuyentes que atendía.
El lógico reclamo partió de senadores a los que les explicaron que el criterio aplicado por ARCA para los cierres era la cantidad de consultas presenciales que atendían pero obviaron que contribuyentes grandes no utilizan la vía presencial para interactuar con el fisco y lo que debía observarse era la cantidad y calidad del padrón en términos recaudatorios. Adicionalmente, se debió contemplar la reubicación de personal y la migración de padrón a otras dependencias, lo que multiplicó exponencialmente gastos fijos de mantenimiento de la delegación con gastos colaterales del desarraigo. Confesaron que el recorte había sido diseñado desde oficinas porteñas y apuntaban al Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger.
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