Pigerl presentó un proyecto para crear la Fiscalía especializada en Violencia Institucional

Este jueves se incorporaron distintos Proyectos de Ley presentados por el diputado Rafael Pereyra Pigerl. Los mismos tienen el acompañamiento del Presidente del Bloque, Martín Cesino, y el Vicepresidente de Cámara Lic. Hugo Passalacqua.

Entre estos, una de las iniciativas propone crear la Fiscalía especializada en Violencia Institucional. Además propuso capacitación obligatoria de Derechos y Garantías de Víctimas de Delito; Formación integral y obligatoria al personal de todos los niveles y jerarquía de los tres Poderes del Estado, sobre graves violaciones a los Derechos Humanos a las personas que se desempeñen en la función pública en los tres Poderes del Estado; y establecer que en los procesos de selección de magistrados, fiscales o defensores del Fuero Penal y los cargos a cubrir de violencia familiar, se debe realizar una audiencia con las asociaciones de víctimas de delitos y el observatorio de Violencia Familiar y de Género de la Provincia.


– Expte. Nro. 56894/21 Formación integral y obligatoria al personal de todos los niveles y jerarquía de los tres Poderes del Estado, sobre graves violaciones a los Derechos Humanos a las personas que se desempeñen en la función pública en los tres Poderes del Estado.

Asimismo, otros Proyectos de Ley, incorporados al BAE en sesión:
-Expte Nro. 56985/21 Creación de la Fiscalía especializada en Violencia Institucional.
-Expte. Nro. 56977/21 Capacitación obligatoria de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos
– Ley Nacional 27.372, a todas las personas que en virtud de la función que desempeñen, sin importar jerarquía, tengan trato con Víctimas de Delitos. Abarca los Tres Poderes del Estado.
-Expte. Nro. 56976/21 Que establece que en los procesos de selección de magistrados, fiscales o defensores del Fuero Penal y los cargos a cubrir de violencia familiar, se debe realizar una audiencia con las asociaciones de víctimas de delitos y el observatorio de Violencia Familiar y de Género de la Provincia.

 

 

PROYECTO DE LEY
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1.- Sustitúyase el artículo 2 de la Ley IV –N.° 15 (Antes Decreto Ley 1550/82)
Ley Orgánica del Poder Judicial, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2.-El Ministerio Público es desempeñado por el Procurador General del
Superior Tribunal de Justicia, por los Fiscales y Defensores de Cámara, por los Fiscales de
Tribunales Penales, por los Fiscales de Primera Instancia y Defensores Oficiales de Primera
Instancia, por los Agentes Fiscales de Instrucción Penal y en lo Correccional y de Menores,
por el Agente Fiscal Especializado en Violencia Institucional, por los Defensores Oficiales
de Primera Instancia y por los Defensores de Oficio.”

ARTÍCULO 2.- Se entiende como violencia institucional a los fines de la presente ley a las
prácticas estructurales de violación de derechos, desarrolladas por acción u omisión por
agentes estatales, miembros de las fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario provincial
en contextos de restricción de autonomía o libertad.

ARTÍCULO 3.- La Fiscalía Especializada en Violencia Institucional tiene competencia en la
etapa de instrucción en los hechos que se encuentren denunciados o se sospeche la
responsabilidad de agentes estatales, miembros de las fuerzas de seguridad o del servicio
penitenciario provincial.

Su competencia abarca los hechos que se encuentren tipificados en el
Código Penal de la Nación en sus artículos 79, 80, 83, 85 y 87 (delitos contra la vida); 89, 90 y
91 (lesiones) 141, 142, 142 ter, 143, 144, 144 bis, 144 ter, 144 quater, 149 bis, 150 y 151
(delitos contra la libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, crueles, inhumanos o
degradantes); 248, 249 y 250 (abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público); y 277 (encubrimiento).

ARTICULO 4.- La competencia de la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional
alcanza a los hechos cometidos en la vía pública, en contextos de encierro o en ámbitos
públicos o privados, en ejercicio de servicio activo o fuera de servicio.

ARTÍCULO 5.- En el supuesto de que la unidad fiscal especializada en Violencia
Institucional registre un bajo número de investigaciones o las que tramitan no requieran de
pesquisas complejas, el/la procurador/a general podrá mediante resolución fundada, ampliar la
competencia a otros hechos complejos.

ARTÍCULO 6.- La Fiscalía Especializada en Violencia Institucional tendrá sede en la ciudad
de Posadas y con jurisdicción en todo el territorio provincial hasta tanto se vayan creando las
unidades fiscales especializadas en las Circunscripciones Judiciales de la Provincia.

ARTÍCULO 7.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley IV N° 15 (Antes Ley 1550), el que queda
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 12.-Primera Circunscripción Judicial:1) su asiento es la ciudad Capital de la
Provincia y queda comprendida dentro de los límites de los municipios de: Posadas,
Garupá, San José, Fachinal, Apóstoles, Azara, Tres Capones, Concepción de la Sierra,
Santa María, Candelaria, Cerro Corá, Profundidad, Santa Ana, y Loreto;

2) se compone de:
Una (1) Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia, Violencia Familiar
y Fiscal Tributaria con cinco (5) Salas y una (1) Cámara de Apelaciones en lo
Laboral, con dos (2) Salas; la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de
Familia, Violencia Familiar y Fiscal Tributaria ejerce jurisdicción sobre la Cuarta
Circunscripción Judicial sólo en materia Fiscal Tributaria.
Una (1) Cámara de Apelaciones en lo Penal con dos (2) Salas la que ejerce jurisdicción en
toda la Provincia hasta tanto se creen las Cámaras de Apelaciones en lo Penal en cada una de
las restantes circunscripciones judiciales; dos (2) Tribunales Penales, los que también
ejercen la jurisdicción en la Cuarta Circunscripción Judicial, con la competencia establecida en
el Artículo 25 de la Ley XIV -N.º 13, Código Procesal Penal de la Provincia de
Misiones.

Con asiento en la ciudad de Posadas funcionan: cinco (5) Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, tres (3) Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Ejecución Fiscal Tributaria, tres (3) Juzgados de Familia de Primera Instancia, dos (2)
Juzgados de Violencia Familiar de Primera Instancia, cuatro (4) Juzgados de Primera
Instancia en lo Laboral, cinco (5) Juzgados de Instrucción y dos (2) Juzgados en lo
Correccional y de Menores; el Ministerio Público integrado por una (1) Fiscalía de Cámara
Civil y Comercial, una (1) Fiscalía de Cámara Penal, dos (2) Fiscalías de Tribunal, dos (2)
Defensorías de Cámara, dos (2) Fiscalías en lo Civil y Comercial, cinco (5) Fiscalías
de Instrucción, dos (2) Fiscalías en lo Correccional y de Menores, dos (2) Fiscalías de
Violencia Familiar de Primera Instancia, una (1) Fiscalía Especializada en Violencia
Institucional que ejerce jurisdicción en todo en territorio provincial hasta tanto sean
creadas las unidades especializadas en cada circunscripción judicial; cuatro (4) Defensorías
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, dos (2) Defensorías de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Familia, una en el barrio Itaembé Miní y otra en el
barrio de Villa Cabello, una (1) Defensoría del Trabajador, cinco(5) Defensorías

Oficiales de Instrucción, dos (2) Defensorías en lo Correccional y de Menores y dos (2)
Defensorías de Violencia Familiar de Primera Instancia.
Con asiento en el barrio Fátima de la localidad de Garupá funciona una (1) Defensoría de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia. Con asiento en la localidad
de Garupá funcionan un (1) Juzgado de Familia y Violencia Familiar de Primera
Instancia, una (1) Fiscalía de Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia y una
(1)Defensoría de Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia.
Con asiento en la ciudad de Apóstoles funcionan: un (1) Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar; una (1) Fiscalía en lo
Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia y una
(1) Defensoría de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y
Violencia Familiar; un (1) Juzgado de Instrucción, una (1) Fiscalía de Instrucción y
una (1) Defensoría de Oficio.

El Juzgado de Instrucción con asiento en la ciudad de Apóstoles, ejerce la jurisdicción
territorial dentro de los límites de los municipios de: Apóstoles, San José, Concepción de la
Sierra, Santa María, Tres Capones y Azara.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral, de Familia y
Violencia Familiar con asiento en la ciudad de Apóstoles, ejerce la jurisdicción
territorial dentro de los límites de los municipios de Apóstoles, San José, Concepción de la
Sierra, Santa María, Tres Capones y Azara.”

ARTÍCULO 8.- Créase e incorpórense al Presupuesto General de la Provincia un (1) cargo
de Fiscal Especializado en Violencia Institucional.

ARTÍCULO 9.- El Superior Tribunal de Justicia efectuará las denominaciones
pertinentes, procederá a la distribución de tareas, y reubicación o designación de
secretarios y personal, determinando la fecha en la cual la Fiscalía creada por la presente
Ley asumirán la jurisdicción y competencia correspondiente.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley propone la creación de una Fiscalía especializada en
Violencia Institucional con competencia en la etapa de instrucción en hechos en los que se
encuentren denunciados o se sospeche la responsabilidad de agentes estatales, miembros de las
fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario provincial.

Estos hechos deben estar subsumidos en los delitos previstos en el Código Penal
de la Nación en sus artículos 79, 80, 83, 85 y 87 (delitos contra la vida); 89, 90 y 91 (lesiones)
141, 142, 142 ter, 143, 144, 144 bis, 144 ter, 144 quater, 149 bis, 150 y 151 (delitos contra la
libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, crueles, inhumanos o degradantes); 248, 249 y
250 (abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público); y 277
(encubrimiento).

La competencia de la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional alcanza a
los hechos cometidos en la vía pública, en contextos de encierro o en ámbitos públicos o
privados, en ejercicio de servicio activo o fuera de servicio.

Debemos aclarar que se enumera los hechos delictivos que le compete intervenir
para delimitar la competencia del fiscal especializado y vemos que no hay riesgo de excluir
hechos que son expresiones de la violencia institucional.

La publicación GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE HECHOS Y/O
SITUACIONES DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL -Unidad de Registro, Sistematización y
Seguimiento de Hechos de Tortura, Desaparición Forzada de Personas y otras Graves
Violaciones a los Derechos Humanos Resolución SDH N° 30/2014, se refieren a la violencia
institucional como:
…“Cuando pensamos en la violencia que ejercen las instituciones nos
representamos un amplio conjunto de situaciones que, ejercidas desde instituciones públicas,
tienen como consecuencia la vulneración de derechos de las personas. Sin embargo, cuando
hablamos de “violencia institucional” damos cuenta de un fenómeno más restringido, que
abarca desde la detención “por averiguación de antecedentes” hasta las formas extremas de
violencia como el asesinato (el llamado “gatillo fácil”) y la tortura física y psicológica.
Al hablar de violencia institucional nos referimos a situaciones concretas que
involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento,
tortura, etc.), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos
de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de
instrucción, etc.).

Así llegamos a una primera definición que sirve para delimitar aquellas
formas más graves que puede adoptar el accionar de los funcionarios públicos: “prácticas
estructurales de violación de derechos, desarrolladas (por acción u omisión) por
funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios
penitenciarios y efectores de salud, así como también operadores judiciales, en contextos de
restricción de autonomía y/o libertad”. Definición que hemos utilizado para definir en el
proyecto de ley.

En la Nación fue creada la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en
el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el año 2013.
La publicación “Fiscalías especializadas en violencia institucional. Diseño,
implementación y estrategias jurídicas” es uno de los productos del proyecto “Lucha contra
la tortura y malos tratos en la Argentina: promoviendo políticas de prevención, rendición de
cuentas y rehabilitación de víctimas”, ejecutado por Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Asociación para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), Centro de Participación Popular
Mons. Enrique Angelelli, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Universidad
Nacional de Lanús (UNLa), Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
(FDER-UNR). El proyecto tiene por objetivo general reducir el riesgo de ser sometido a
torturas y malos tratos en Argentina y lograr la efectiva reparación y rehabilitación de las
víctimas.

En ella se analizan las fiscalías creadas en las provincias de Buenos Aires y
Mendoza.
En la provincia de Buenos Aires, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron
en 2014 la ley 14.687 que estableció la creación de veintiún Unidades Funcionales de
Instrucción y Juicio especializadas en violencia institucional. Las fiscalías tienen entonces
estatuto de ley.

En la provincia de Mendoza la fiscalía fue creada como parte de la ejecución de
un acuerdo de solución amistosa entre el Estado argentino y la CIDH por el caso Walter
Yañez. El 26 de agosto de 2015 el Estado provincial se obligó por la ley 8.813, entre otras
cosas, a iniciar “los trámites correspondientes para crear en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal una Unidad Fiscal de Derechos Humanos, que sea la encargada de realizar la
investigación penal preparatoria de los delitos cometidos por miembros de Fuerza de
Seguridad y Penitenciarias”. La “Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional” para
la 1º Circunscripción judicial de la provincia de Mendoza fue creada mediante Resolución
392/164 de la Procuración General de Mendoza.

Finalmente consignar que el suscripto presentó el proyecto de Ley D-55240/20 el
15 de septiembre de 2020, proyecto de ley que adhiere la Provincia a la Ley Nacional N°
26.811 y crea en su artículo 2 el Registro de Violencia Institucional en el ámbito del Superior
Tribunal de Justicia y además modifica un artículo del Código Procesal Penal de Misiones a
fin de que el Presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura pueda
constituirse en querellante en los procesos de violencia institucional.

Por estos breves fundamentos y otros que serán vertidos en tiempo oportuno
solicito a mis pares el voto afirmativo.