Pigerl presentó un proyecto para crear un equipo de Prevención de Usurpaciones

El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, acompañado por el Presidente del Bloque del Frente Renovador Dr. Martin Cesino y otros Diputados más, propuso un Proyecto de Ley que pretende la creación de un equipo de Prevención de Usurpaciones.

“En junio del año pasado propusimos la Creación de la Policía Rural y Ambiental, como una subdivisión de la Policía de Seguridad, con la modificación del artículo 13 de la Ley XVIII N° 22 (Antes Ley 3389). Para que desde la Escuela de Policía y/o desde el ingreso a la fuerza, tratese de Oficiales y/o suboficiales, se forme con dicha vocación de servicio, en la defensa de las personas o bienes rurales y ambientales.
En el mismo sentido, “cuando hay una necesidad, nace un derecho”, y es necesario atender, prevenir y realizar el debido seguimiento a las Usurpaciones en la Provincia de Misiones, al igual que se está realizando en Tucumán por ley; y otras Provincias como Chaco, Entre Ríos, etc. están trabajando en similares iniciativas”, explicó, agregando que:

La pretensión legislativa trata de la creación de un equipo de Prevención de Usurpaciones que estaría integrado por:
•Un (1) representante del Ministerio Público Fiscal;
•Un (1) representante del Ministerio de Gobierno;
•Un (1) representante de la Policía provincial;
•Un (1) Diputado Provincial designado por mayoría de sus miembros.

El Equipo de Prevención de Usurpaciones tendría por objetivo la intervención preventiva y temprana en casos de tentativa o indicios de posibles usurpaciones y permanente en casos de consumarse los delitos de usurpación de la propiedad, para evitar que la usurpación y sus derivaciones se tornen complejas o deriven en situaciones de grave peligro para la vida o la seguridad de las personas.
La coordinación estaría en cabeza del Ministerio de Gobierno en la figura de un funcionario civil con acreditada formación en mediación o resolución alternativa de conflictos. Asimismo, el Equipo de Prevención de Usurpaciones debe contar con mediadores capacitados en resolución de usurpaciones masivas de propiedades públicas o privadas que serán seleccionados conforme lo determine la reglamentación.
También se establece que de acuerdo a las características de los procedimientos que deba intervenir puede pedir la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Municipalidades, entidades rurales o de cualquier otro actor necesario para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.

El Equipo de Prevención de Usurpaciones realiza una tarea preventiva y de colaboración con la Justicia y debe: Establecer procedimientos, protocolos y conductas que deben seguirse a fin de garantizar la legalidad, celeridad y eficacia de las intervenciones;
garantizar la activación inmediata de los protocolos para prevenir usurpaciones y, en el caso de consumadas, colaborar con la justicia en el desalojo del inmuebles usurpado; coordinar con los organismos competentes la asistencia necesaria considerando la situación de vulnerabilidad de las personas involucradas; contar en los procedimientos con la presencia permanente de personas capacitadas en mediación y resolución alternativa de conflictos; coordinar acciones e intercambiar información con los municipios; asignar las funciones de comunicación, diálogo y mediación en todos los proceso preventivos de desalojo a personal civil o a efectivos policiales especialmente capacitados en mediación y resolución alternativa de conflictos.

También en su último artículo establece que en ningún caso el procedimiento de desahucio o desalojo será realizado durante horarios nocturnos, en condiciones de inclemencia meteorológica o en circunstancias que impliquen riesgo para los intervinientes.
Asimismo, se tendrá especial consideración y se dará intervención a los organismos provinciales competentes cuando estén involucrados niños, niñas y adolescentes como mayores adultos.

 

 

FUNDAMENTOS


El Código Penal argentino tipifica en los artículos 181 y 182 la usurpación y
según el caso reprime con prisión de seis meses a tres años y de quince días a un año.
En los últimos años la Argentina ha sido testigo de usurpaciones ya sean
individuales o hechas por grandes grupos de personas en terrenos públicos y privados.
También sabemos que en la Argentina existe un déficit habitacional a pesar del
esfuerzo de los gobiernos nacionales y provinciales de crear programas para la construcción
de viviendas y la constante adjudicación de viviendas sociales a través de los institutos
habitacionales que tienen las provincias.
El déficit habitacional es innegable pero no puede ser un motivo para usurpar la
propiedad ajena, la persona tiene que ser consciente que realiza un delito que está penado por
el Código Penal y que su accionar ilegal trae consecuencias.
Debemos como sociedad imponer la idea que si existe un terreno baldío o
descuidado, no es motivo para que por la fuerza las personas puedan meterse y quedarse, el
usurpador debe saber que comete un acto ilegal grave y que siempre pierde, con la condena
judicial.
En noviembre de 2020 según información periodística un grupo muy importante
de productores agropecuarios realizó una asamblea este martes y elevó un petitorio al
gobernador Oscar Herrera Ahuad, para que el gobierno provincial intervenga y favorezca los
desalojos de tierras usurpadas en la zona de Santiago de Liniers, 9 de Julio y Eldorado.
También en noviembre de 2020 los conflictos tensaron a todo Wanda tras la
denuncia de usurpaciones en el Lote 75 y 74, cercanos a las Minas Preciosas.
La lista es larga, por ejemplo también de dieron casos en Itacaruare, Cerro Azul,
Montecarlo y Posadas, entre tantas.
Miguel Bermúdez, vecino de Posadas, decidió denunciar públicamente, en
Misiones Cuatro, la intrusión del terreno que pertenecía a su padre. Se trata de unas tierras en
Nemesio Parma, que fueron intrusadas en las primeras semanas de cuarentena.
Hay una preocupación genuina y real de los propietarios de tierras por la oleada
de usurpaciones que se recrudece en la Argentina cada vez que hay una crisis, este último
tiempo por la pandemia del covid.
La ola de usurpaciones de tierras refleja una anomalía profunda en el
funcionamiento de nuestra sociedad. Atraviesa las relaciones sociales, la práctica política y el
desempeño de las instituciones. El orden jurídico fue concebido, justamente, para regular esos
vínculos y procesar de manera civilizada los conflictos.
En este sentido, la propiedad es un derecho fundamental protegido por nuestra
Constitución Nacional, que consagra en su artículo 14 que “todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber, de
usar y disponer de su propiedad”.
En nuestro país la usurpación es un delito que se encuentra tipificado en el
artículo 181 del Código Penal de la Nación, donde se establece que: “Será reprimido con
prisión de seis meses a tres años: 1. El que por violencia, amenazas, engaños, abusos de
confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de
un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se
produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; 2. El
que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o
límites del mismo; 3. El que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un
inmueble.” Sin embargo, probar que se cometió ese delito es un proceso complejo, y los jueces
correccionales sólo pueden ordenar el desalojo una vez firmado el procesamiento del intruso,
por lo que resulta necesario disponer de información detallada para poder contribuir en la
búsqueda de soluciones desde el Poder Legislativo.
La Provincia de Tucumán a través de la Ley 9.389 publicada en el B.O. el 11 de
marzo de 2021, crea el Equipo Interdisciplinario de Prevención de Usurpaciones.
Esta situación pone de resalto la colisión de derechos y conflicto de intereses,
haciendo que la usurpación deba ser tratada tanto como un delito penal, como una situación
conflictiva que necesita de respuestas eficientes y restaurativas. De esta forma, las
intervenciones en este campo deben tener en consideración el contexto y el estado de
necesidad que llevó a esas personas a estar involucradas en la presunta comisión de un delito,
como así también la necesidad de los legítimos dueños de poder contar con su propiedad
rápidamente
La toma de tierras configura un flagelo para los legítimos titulares, dado el
perjuicio económico y psicológico que esta situación significa. El Estado no puede ser ajeno a
esta situación por lo que resulta necesario que los tres poderes trabajen articuladamente, para
dar una respuesta eficiente a las víctimas de este delito. Es por ello, que proponemos la
presente normativa, solicitando a mis pares su voto afirmativo.