Robos y destrucción en la 184: Piden destacamento policial dentro de la escuela por la inseguridad

OBERA. Convocados por el director Elvio Romero en la Escuela 184 de Barrio San Miguel ante los constantes hechos de inseguridad, se realizó una reunión con vecinos, jefes de la policía, la supervisora María Del Carmen “Pocha” Jalil, el presidente del Concejo Deliberante Ariel Chaves y el diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, ambos renovadores.

Desde hace años, la comunidad educativa de ese populoso barrio padece constantes ataques y robos de los delincuentes que son residentes de San Miguel, todos los conocen pero en su mayoría son menores y gozan de libertad e impunidad.

Durante el último verano, los vándalos destruyeron todo lo que encontraron, entre baños, vidrios, puertas, ventanas, mesas, ventiladores, luces al punto que la escuela comenzó el ciclo electivo sin luz eléctrica y con baños químicos, funcionando parcialmente de día. El BOP 112 (secundario) que funciona en horario nocturno, aún no pudo iniciar las clases por carecer de electricidad.

Desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) realizan reparaciones y obras en el edificio escolar a fin de ponerlo en condiciones otra vez, pero hasta sus obreros que hacen noche en el predio, fueron también atacados por los delincuentes.

El director solicitó, mediante el diputado presente, acercar el pedido al Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, de instalar en forma permanente una guardia urbana o destacamento policial dado que hay espacio y consideran, sería la única forma de contrarrestar los ataques y robos en el periférico barrio donde, al parecer, es tierra de nadie ante los ojos de las puertas giratorias del poder judicial y las leyes “blandas” cuyas letras los legisladores no modifican.

 

No obstante, de la seccional Quinta que tiene jurisdicción en la zona, se realizan patrullajes constantes y los vecinos se comprometieron a denunciar los hechos delictivos del que sean testigos ya que no lo hacían por temor a represalias. Además, se busca que los padres de los delincuentes identificados corran con los costos causados por el vandalismo.