BUENOS AIRES. A los $40.000 millones de costo fiscal de la ley que trata el miércoles el Senado, hay que sumarles los $86.000 millones que la Nación se comprometía a girarles a los gobernadores por el Pacto Fiscal según publicó Ambito.
El Gobierno será terminante el lunes, dos días antes de la votación en el Senado que definirá la suerte del proyecto de Ganancias. El Ejecutivo dirá que será imposible financiar en 2017 los cambios que propone la oposición. La novedad será que se les pondrá costo a las modificaciones y que el precio debería ser compartido con las provincias. El monto será de casi $40.000 millones. De este dinero, unos $18.000 millones corresponderán a fondos que dejarán de recibir las gobernaciones. La cosa se pondría aún mucho peor cuando, tal como adelantó este diario, la Nación denuncie como caído el Pacto Fiscal firmado en agosto pasado y las provincias dejen de percibir el compromiso anual de unos $86.000 millones correspondiente al incremento de 15% en los giros de la coparticipación federal. En total, el Gobierno amenaza a los gobernadores con unos $100.000 millones menos para 2017, en una estrategia llamada «Compartamos los Gastos». Obviamente la idea de la Nación no es la de entrar en una guerra fiscal con los gobernadores, sino la de comprometerlos a que estén presentes en la foto simbólica del veto a la nueva ley de Ganancias, en el caso de que el Senado apruebe el miércoles el proyecto de Diputados. En otras palabras, que los responsables de las provincias, sean de Cambiemos, del justicialismo o de cualquier otro origen, compartan el costo político del veto casi navideño de Mauricio Macri.
Según los números oficiales, aplicar el año próximo el proyecto oficial tendría un costo de unos $100.759 millones en recaudación impositiva, con un resultado final (descontando los ingresos por la suba impositiva que propuso el partido opositor) de $62.969 millones. Serían unos 35.786 millones más que los $27.183 estimados por la oposición. En el massismo, desde donde se realizaron los cálculos opositores, condenaron las mediciones oficiales y ratificaron que el costo de su propuesta no supera los $28.000 millones.
Calcula, además, el Gobierno que también hay diferencias en la pérdida de ingreso por las deducciones propuestas. Para el Gobierno, la idea del massismo implicaría un costo de $63.406 millones por cónyuge, $31.703 millones por hijo y otros $323.784 por la deducción especial. Hay diferencias también en las nuevas escalas de las alícuotas propuestas. Asimismo hay diferencias en las pérdidas que generaría la nueva deducción a los alquileres, que para el Gobierno debía ubicarse como máximo en $40.000 anuales y la oposición fijó en $60.000, así como la inclusión de los viáticos y la eliminación de los aguinaldos como objeto imponible. Por esta vía se sumarían unos $5.000 millones anuales más de perdidas.
Hay diferencias también en cuanto al cálculo de ingresos por los impuestos previstos en el proyecto opositor, que incluyen los plazos fijos, Lebac, a la distribución de dividendos, a las retenciones del sector minero, al dólar futuro y a los juegos de azar. El proyecto opositor asegura que se podrían recaudar unos $37.900 millones, mientras que para el Gobierno la nueva recaudación implicaría unos $16.530 millones, una diferencia de $21.370 frente a lo calculado por los economistas del partido opositor. Asegura el macrismo que los cálculos correctivos a los números del massismo se realizaron sobre las bases tributarias de los contribuyentes que ya estarían alcanzados con las nuevas alícuotas, según los datos impositivos del propio organismo. El macrismo asegura que la imposición de tributos a los plazos fijos y las Lebac sólo logrará además que los ahorristas abandonen esas opciones por otras que no estén gravadas, como el dólar.
En el caso del impuesto a la minería, el gobierno apunta directamente a los gobernadores justicialistas de provincias mineras, con José Luis Gioja a la cabeza.
También hay serias distancias entre lo que calcula la oposición que volverá a ingresar a las arcas públicas por el aumento en el consumo interno vía recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los diputados opositores lo calcularon en $ 25.000 millones, mientras que el oficialismo afirma que no serían más de $ 15.000 millones.
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