POSADAS. Tras detectar comercios que extorsionaban a los clientes vendiendo aceite solo acompañado de otro producto, el Ministerio de Producción de la Nación informó que en las provincias de Córdoba, Salta y Misiones se labraron.
La sanción se concretó en el marco de un operativo de control que lleva adelante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor con oficinas provinciales para evitar este tipo de práctica comercial considerada “ilegal”.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional negoció con las aceiteras una suba en el aceite
Los precios de los aceites tipo mezcla podrán incrementarse hasta 4% en agosto, y un 6% en el caso del girasol, a partir de un acuerdo alcanzado por las autoridades del Ministerio de Producción con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).
En lo que respecta al incremento de precios, que comenzará a regir en agosto, la suba será de entre 69 centavos y hasta 1,50 pesos en la botella de 900 centímetros cúbicos según el tipo de aceite y dependiendo del comercio y la región del país.
El vocero de Ciara planteó que “de manera consensuada y natural se afrontó la situación para llegar a un acuerdo que será clave para desactivar tanta psicosis, y al mismo tiempo cuidar el bolsillo de las familias y el empleo del sector”.
No obstante, Alcaraz reafirmó la postura del sector a favor de “salir definitivamente de un sistema de compensación privada que evidentemente había fracasado”, y cuya culminación podría representar un incremento del 30 por ciento en los precios de los aceites comestibles tal como se había preacordado con el Gobierno.
La Cámara entendió que el fideicomiso “había terminado financiando actividades ilícitas como el contrabando a países vecinos o desviándose de su propósito que era llegar a la mesa familiar y sacando rédito para actividades comerciales o industriales que no era el propósito del asunto”.
El fideicomiso implementado desde 2008 establecía una compensación privada a partir del aporte de los exportadores para financiar la baja del precio en el segmento de aceites que representa el 20 por ciento del total del mercado de uso doméstico.
El fondo que vence el 31 de agosto generó un fondo a través del 1,2 por ciento de las exportaciones 1,2 de harinas de soja y girasol para financiar a las las empresas fabricantes de este tipo de aceites y mantener así costos adecuados para el mercado local.
En ese mismo sentido, la cartera que conduce Francisco Cabrera subrayó que “el Gobierno viene trabajando con el sector aceitero en solucionar la distorsión que desde 2008 existe en la cadena de valor de la industria, para asegurar el empleo en el sector y cuidar el bolsillo de las familias argentinas”.
“En 2008 el mercado fue distorsionado mediante la creación de un fideicomiso que por momentos llevó el precio del aceite a un valor muy por debajo del real, poniendo en riesgo los miles de empleos en la cadena de valor de la industria. Hemos trabajado para normalizar la situación cuidando al mismo tiempo el bolsillo de las familias argentinas y la conservación del empleo en el sector”, explicó Ignacio Werner, asesor del Ministerio de Producción, a cargo de las negociaciones con la cámara aceitera.
Los inconvenientes con el precio del aceite se agudizaron durante la última semana, ante la posibilidad de que a fines de agosto próximo finalice la vigencia de un fideicomiso que permite subsidiar los valores de este producto, considerado de alta demanda de consumo.
En este marco, durante la víspera la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor anunció la puesta en marcha de operativos de control en todas las jurisdicciones del país para evitar la posibilidad de que se lleven a cabo prácticas comerciales ilegales como la venta de aceite supeditada a la compra de otro producto.
“Los controles realizados hasta el momento no reflejan faltantes de producción de aceite ni problemas de estacionalidad”, señaló la dependencia oficial al oficializar las actas.
Ante irregularidades en comercios, los consumidores pueden comunicarse con la línea de consultas y reclamos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor al 0-800-666-1518 (línea gratuita) o en las oficinas provinciales de cada jurisdicción.

