De $3,5 a $8 millones: 123 % de aumento salarial para altos funcionarios

A través de una nueva disposición oficial,el gobierno nacional de Javier Milei autorizó una recomposición en los ingresos de ministros, secretarios y subsecretarios, quienes verán reflejada una suba del 123% en el periodo comprendido entre diciembre y mayo.

La medida busca nivelar los ingresos de la planta política superior que, según el propio Ejecutivo, habían quedado desfasados tras dos años de inmovilidad financiera. Con este ajuste, un ministro de la Nación —que a finales de 2024 percibía cerca de $3,5 millones— pasará a cobrar una cifra superior a los $8 millones para el mes de mayo de 2026.

Los detalles del escalafón

El nuevo esquema salarial se implementó de forma escalonada, registrando un salto inicial a $7,1 millones en enero para completar la actualización en el quinto mes del año. Cabe destacar que esta normativa no alcanza a Javier Milei ni a Victoria Villarruel, quienes mantendrán sus salarios congelados por decisión política del binomio presidencial.

Los argumentos oficiales: Competitividad y Retención

Desde la Casa Rosada defendieron la medida bajo el argumento de la «profesionalización del Estado». Según fuentes oficiales, el objetivo es:

·Evitar la fuga de talentos: Impedir que los cuadros técnicos y jerárquicos abandonen el sector público atraídos por los sueldos del ámbito privado.

·Recuperación real: Sostienen que, incluso con este 123% de aumento, el ajuste sigue corriendo por detrás de la inflación acumulada del periodo de congelamiento.

·Sustentabilidad: Aseguran que el incremento no pone en riesgo el superávit fiscal ni el ordenamiento macroeconómico vigente.

El contraste salarial

La oficialización de estas nuevas cifras reaviva el debate sobre la disparidad de ingresos en el sector estatal. Mientras la cúpula ministerial se encamina hacia los $8 millones, los relevamientos gremiales indican que el salario medio de un trabajador estatal se ubica en torno a los $1.200.000, con escalas básicas que apenas superan los $600.000.

Esta brecha acentúa la discusión sobre la distribución de los recursos en un contexto donde otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial, ya contaban con esquemas de remuneración superiores.