El Banco Nación otorgó créditos hipotecarios a funcionarios públicos, legisladores y personas vinculadas al gobierno de Javier Milei.
La lista incluye a integrantes del equipo económico, diputados libertarios y funcionarios de distintas áreas del Gobierno. La difusión de los préstamos derivó en denuncias judiciales y pedidos de informes en el Congreso.
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas sumó este lunes un nuevo capítulo judicial. La causa, que quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pone bajo análisis los préstamos concedidos a dirigentes vinculados al oficialismo, luego de que trascendiera una nómina con montos millonarios y beneficiarios de distintas áreas del Gobierno.
Quiénes son los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación
Entre los señalados aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con $510 millones. La nómina también incluye a Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el diputado Santiago Santurio, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.
Además, figuran como beneficiarios Emiliano José Mongilardi, director de YPF, y los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.
Los 24 nombres de LLA en la lista depurada
Pedro Juan Inchauspe · Felipe Núñez · Felipe Oberón · Leandro Horacio Massaccesi · Matías Federico Furiase · Santiago Javier Saturio Rodríguez · Mariano Campero · Emiliano José Mongilardi · María Lorena Villaverde · Alejandro Ángel Carrancio · Alfredo Gonzales · Luis María Blanco · Matías Javier Mana · Alejandro Bongiovanni · Guillermo Patricio Madero · Juan Manuel Garzón · Federico Matías Ramos Napoli · Gonzalo Martín del Huerto · Maira Raquel Frías · Gustavo Gerardo González · María Gabriela Real · Marcos Patiño Brizuela · María Fernanda Avila · Juan Pablo Carreira.
El caso de mayor impacto político inmediato fue el de Leandro Horacio Massaccesi, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano. Su crédito del BNA por casi 420 millones de pesos le costó el cargo: Sandra Pettovello lo desplazó apenas tomó conocimiento del préstamo. Massaccesi salió a defenderse y lamentó «el desenlace», pero fue el primer funcionario en pagar con su puesto la exposición pública.
Matías Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, obtuvo un crédito hipotecario de 367 millones de pesos desde agosto de 2025. Su caso concentra las críticas más duras: como secretario de Finanzas y ex integrante del directorio del BCRA, Furiase tiene injerencia directa sobre la política de tasas e inflación —las mismas variables que determinan cuánto crecen las cuotas de los créditos UVA que él mismo tomó. La oposición señaló ese vínculo como un potencial conflicto de interés.
Juan Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, encabeza el ranking con 510 millones de pesos desde diciembre de 2025. Que el regulador del sistema financiero argentino sea a la vez uno de los mayores beneficiarios de créditos del banco público más grande del país es, para sus críticos, difícil de explicar.
Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Caputo, accedió a un préstamo de 373 millones de pesos desde febrero de 2025. Su doble vínculo con la cartera económica y con otra entidad bancaria estatal agrega otro matiz al debate sobre conflictos de interés.
El diputado Mariano Campero fue uno de los primeros en salir a dar explicaciones públicas. Reconoció haber tomado un crédito UVA del BNA por 275 millones de pesos —hoy actualizados a 322 millones— para comprar su primera vivienda familiar en Yerba Buena, Tucumán. Campero sostuvo que la línea es accesible para cualquier ciudadano, aunque la existencia de condiciones diferenciales para empleados del Estado debilita ese argumento.
Fuente Revista Noticias
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