La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano, quien pidió investigar posibles irregularidades en contratos millonarios y un presunto conflicto de interés en el proceso de concesión del predio estatal.
Una denuncia penal sacudió este jueves el ámbito político tras la presentación realizada por la diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis.
El planteo judicial apunta a posibles delitos contra la administración pública, en el marco de licitaciones vinculadas a servicios de mensajería masiva y al manejo del predio estatal durante el período 2025-2026.
De acuerdo a la denuncia, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de mensajes SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, se advierten posibles vínculos entre distintas firmas participantes, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar la transparencia y la libre competencia en la contratación pública.
Además, el escrito señala diferencias de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que —de confirmarse— podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
La denuncia también pone bajo la lupa la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En este punto, se menciona un posible conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas vinculadas a una de las firmas preseleccionadas para la concesión, entre ellas Grupo Foggia y DirecTV Argentina.
Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría constituir incompatibilidades con el ejercicio de la función pública.
Según el documento judicial, los hechos denunciados podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En ese marco, la diputada solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de pruebas para determinar la eventual responsabilidad de funcionarios y empresarios involucrados en la causa.
Denunciaron a Adorni por licitaciones y la concesión de Tecnópolis
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