Muchos docentes, policías y trabajadores públicos atraviesan situaciones angustiantes que ponen en riesgo su subsistencia y la de sus familias por falta de una ley que regule los embargos compulsivos sobre los salarios, que aplican algunas entidades financieras actuando sin control. Ante esta situación, el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), presentó en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley destinado a proteger el salario de los estatales estableciendo un margen intocable.
La iniciativa busca garantizar la intangibilidad de una parte del salario de los empleados públicos provinciales, estableciendo que el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil tenga carácter alimentario e inembargable, de modo que ningún descuento pueda reducir los haberes por debajo de ese piso.
“Hoy hay trabajadores del Estado que, después de los descuentos, prácticamente no cobran nada. Hay casos donde se pierde entre el 70% y el 90% del salario mensual, lo que pone en riesgo directo la subsistencia del trabajador y de su familia”, alertó Castro al presentar el proyecto.
La propuesta legislativa abarca a todos los empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, así como también a organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria.
El proyecto establece que los descuentos derivados de préstamos, créditos, mutuales, servicios sociales u otros mecanismos de retención no podrán en ningún caso reducir el salario neto del trabajador por debajo del monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
Además, fija límites claros a los llamados “códigos de descuento”, un sistema mediante el cual diferentes entidades realizan retenciones directas sobre los haberes de los agentes públicos. Según explicó Castro, muchas de estas operaciones se realizan sin controles adecuados, generando situaciones de fuerte endeudamiento que terminan afectando gravemente el ingreso disponible del trabajador.
“El salario tiene carácter alimentario. No puede transformarse en una variable de ajuste ni en un mecanismo de recaudación para entidades financieras o mutuales. El Estado tiene la obligación de proteger a sus trabajadores”, sostuvo el legislador.
En esa línea, el proyecto también establece que la Provincia no podrá actuar como agente de retención cuando los descuentos vulneren los límites establecidos por la ley, y declara nulas de pleno derecho todas aquellas autorizaciones que impliquen que el trabajador cobre por debajo del piso protegido.
La iniciativa prevé además que las mutuales, asociaciones y entidades crediticias que operan mediante códigos de descuento deberán adecuar sus convenios en un plazo de 90 días una vez que la ley entre en vigencia.
Para el diputado del PAyS, la situación actual requiere una respuesta urgente del Estado. “No podemos permitir que un trabajador público termine el mes sin recursos para comer, pagar el alquiler o sostener a su familia. Este proyecto busca poner un límite claro y garantizar un ingreso mínimo digno para los estatales misioneros”, concluyó Castro.
El legislador convocó a los distintos bloques a acompañar la iniciativa, señalando que se trata de una medida de protección social básica destinada a resguardar el carácter alimentario del salario y evitar situaciones de vulnerabilidad económica entre los trabajadores del Estado.
