Por Paola Wajtowichz
El juicio por Sueños Compartidos vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas más incómodas de la política argentina: ¿qué pasa cuando las causas más nobles terminan mezcladas con el manejo oscuro de los fondos públicos?
Durante años, el programa que administraba la Fundación Madres de Plaza de Mayo se presentó como un proyecto social ejemplar: construir viviendas para quienes más lo necesitaban. Era, en teoría, una política pública con un fuerte contenido simbólico y moral, vinculada a una organización histórica de derechos humanos. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer grietas que hoy, más de una década después, la Justicia intenta ordenar en un juicio oral.
En el banquillo están figuras que representan una etapa entera del poder político nacional: Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, José López, Julio De Vido, entre otros exfuncionarios. Nombres que no aparecen aislados, sino que forman parte de una trama de decisiones, controles ausentes y un sistema que durante años permitió que enormes sumas de dinero circularan con escasa transparencia.
La citación como testigo del exgobernador de Misiones Maurice Closs vuelve a poner la lupa también sobre cómo se implementaron estos programas en las provincias. Porque cada vez que estalla un caso así, aparece la misma discusión: ¿quién controlaba realmente? ¿Quién verificaba que las viviendas se construyeran, que los fondos se usaran correctamente, que las obras no fueran apenas anuncios o estructuras a medio terminar?
El problema de fondo no es solo judicial. Es político y moral.
En Argentina, la corrupción tiene una característica particularmente dolorosa: muchas veces se esconde detrás de políticas destinadas a los sectores más vulnerables. Viviendas sociales, planes de infraestructura, programas de inclusión. Cuando el dinero que debía transformar la vida de familias sin casa termina en circuitos financieros, empresas fantasma o bienes personales, el daño es doble. No solo se roba dinero público; también se roba esperanza.
El caso Sueños Compartidos es un símbolo de eso. Durante años se prometieron barrios, casas dignas y oportunidades. Para miles de familias, una vivienda no es solo un techo: es estabilidad, es futuro, es dignidad. Cuando esos proyectos se convierten en sospechas de desvíos millonarios, lo que queda es frustración y desconfianza.
Y esa desconfianza tiene consecuencias profundas. Cada escándalo alimenta la idea de que la política es sinónimo de privilegio, de impunidad o de negocios. Después la dirigencia se pregunta por qué la sociedad descree, por qué crece el enojo o por qué surgen discursos extremos que prometen “dinamitar todo”. Pero esas reacciones no nacen de la nada: nacen de años de promesas incumplidas y de la sensación de que el poder nunca rinde cuentas.
Lo más preocupante es que este juicio comienza más de diez años después de los hechos investigados. En un país donde la Justicia tarda tanto en llegar, muchas veces la verdad se diluye entre expedientes, cambios políticos y memoria social desgastada. Cuando las causas tardan tanto, la impunidad no siempre es una absolución: a veces es simplemente el paso del tiempo.
Por eso este proceso judicial debería ser algo más que un espectáculo mediático o un capítulo más en la grieta argentina. Debería servir para discutir seriamente cómo se administran los recursos públicos, cómo se controlan los programas sociales y qué mecanismos reales existen para evitar que el dinero del Estado termine en manos privadas.
Porque al final del día, detrás de cada cifra que aparece en los expedientes hay personas reales: familias que siguen esperando una casa que quizás nunca llegó.
Y la pregunta incómoda sigue siendo la misma:
¿cuántos barrios se podrían haber construido con ese dinero si la política hubiera estado realmente al servicio de la gente y no de los negocios?
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