Diputados aprobaron la reforma laboral por una diferencia de 20 votos y pasó al Senado para su tratamiento. Con el voto de los renovadores Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa; como así también de los libertarios Diego Hartfield y Maura Gruber,; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones; se aprobó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Con el voto de los siete legisladores de Misiones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 135 votos afirmativos, 115 negativos y cero abstenciones, la reforma laboral que ahora debe regresar al Senado debido a la modificación del proyecto original, que había obtenido la media sanción de la cámara alta la semana pasada.
Durante la medianoche de este viernes, Diputados aprobó la reforma laboral con 135 votos a favor, 115 en contra y 0 abstenciones. Ahora, el proyecto, titulado Ley de Modernización Laboral, debe ir al Senado para su discusión luego de una serie de cambios.
El proyecto, promovido por La Libertad Avanza, consiguió el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, en una sesión marcada por fuertes cruces dentro del recinto y movilizaciones en las inmediaciones del Congreso en el marco del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo.
Sin embargo, la reforma aún no es ley. Debido a modificaciones introducidas en Diputados —entre ellas la eliminación del artículo que penalizaba licencias por enfermedad—, el texto deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran:
Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones.
Implementación del banco de horas en reemplazo del esquema tradicional de horas extras.
Eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Regulación específica de trabajadores de plataformas.
Ampliación del listado de servicios esenciales con prestación mínima obligatoria.
El oficialismo busca convertir el proyecto en ley antes del 1° de marzo, mientras sectores sindicales anticipan posibles acciones judiciales.
La definición ahora queda en manos del Senado, donde el Gobierno deberá revalidar los acuerdos políticos para que la reforma se convierta en ley.
INFOBER 