Los hermanos misioneros Eduardo Alejandro y Javier Zbikoski, dueños del Grupo Metropol, están envueltos en denuncias de corrupción. Cámaras empresarias del sector los señalan como beneficiarios de una presunta maniobra para inflar subsidios estatales mediante la manipulación de datos del sistema SUBE, un esquema que habría generado un perjuicio multimillonario para el Estado y para el resto de las empresas de colectivos.
La acusación derivó en una crisis política que incluyó la salida del secretario de Transporte, Luis Pierrini. Según las denuncias, durante su gestión no se habrían activado controles eficaces para detectar desvíos en el reparto de compensaciones, un factor que permitió que la supuesta operatoria se sostuviera en el tiempo.
El origen del conflicto se remonta a un cambio de reglas dispuesto a fines de 2024. A partir de una resolución oficial, el cálculo de los subsidios dejó de apoyarse principalmente en kilómetros recorridos y pasó a depender de la cantidad real de pasajeros, medida por los registros de la tarjeta SUBE y por el índice de pasajeros por kilómetro.
De acuerdo a la presentación de las cámaras empresarias, ese nuevo esquema habría sido aprovechado por firmas vinculadas a Metropol para registrar viajes cortos como si fueran tramos más extensos. Al asignar secciones tarifarias superiores sin un aumento real en distancia ni en boletos vendidos, la compañía habría logrado que el Estado cubriera una porción mayor del costo del pasaje.
El presunto mecanismo quedó en evidencia tras un análisis comparativo de las bases de datos. Los registros mostrarían descensos marcados en recorridos breves y subas casi idénticas en segmentos intermedios, un patrón que se repitió en varias líneas operadas por el holding y que despertó fuertes sospechas dentro del sector.
Las estimaciones sobre el impacto económico son contundentes. Las entidades hablan de un desvío mensual que podría ubicarse entre los 2.000 y 3.000 millones de pesos, con proyecciones que elevan el perjuicio global a cifras aún mayores. Advierten además que esos recursos salen de una misma bolsa común, por lo que cualquier alteración afecta de manera directa al resto de las compañías.
En paralelo, empresarios del transporte confirmaron que avanzan en la preparación de denuncias penales para que la Justicia investigue el caso. Sostienen que las gestiones administrativas no dieron resultados y que la única vía posible es una investigación judicial independiente que determine responsabilidades.
Desde La Nueva Metropol rechazaron las acusaciones y negaron la existencia de una maniobra deliberada. Atribuyeron los señalamientos a una interna empresarial y aseguraron que los cambios en los registros responden a correcciones técnicas y no a un ardid para captar mayores compensaciones.
El escándalo también tuvo un fuerte eco en Misiones. El apellido Zbikoski está ligado al control del transporte público en Posadas, Candelaria y Garupá, además de Oberá y la zona centro, donde desde hace tiempo se multiplican los cuestionamientos de usuarios por frecuencias irregulares, deficiencias en el servicio y problemas en la atención al pasajero.
Denuncian maniobra con subsidios de los Zbikoski
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