Por Paola Wojtowichz
El planteo de Roque Gervasoni parte de una verdad a medias que el oficialismo repite como mantra: que las retenciones anticipadas “vuelven a la gente” en forma de servicios públicos. El problema no es para qué se usan los fondos, sino cómo se los recauda, a quiénes se les cobra y con qué efectos reales sobre la economía provincial.
Nadie discute la necesidad de financiar la salud pública, la educación, el boleto estudiantil o los salarios docentes. Eso es función básica del Estado. Lo que sí está en discusión es un sistema de recaudación que presume culpabilidad, cobra impuestos por adelantado, sin actividad efectiva comprobada, y castiga incluso a quienes cumplen. No es eficiencia: es recaudación compulsiva.
Comparar a Misiones con otras provincias que aplican regímenes de percepción es una simplificación interesada. Misiones no solo tiene retenciones anticipadas: tiene retenciones vitalicias, con escasa posibilidad de devolución, superpuestas con controles en ruta que funcionan como una aduana paralela, en una provincia que ya sufre altos costos logísticos, aislamiento geográfico y asimetrías fronterizas. El resultado es claro: proveedores que dejan de vender, inversiones que no llegan y precios que suben.
Cuando Gervasoni afirma que “si no hubiera evasión no habría controles”, omite un dato central: el evasor profesional casi nunca es el más perjudicado. El impacto real cae sobre el pequeño y mediano comerciante, el productor, el transportista y, finalmente, sobre el consumidor misionero, que termina pagando productos más caros que en cualquier otra provincia. El control termina funcionando como un impuesto al que se queda y produce en Misiones, mientras el informal o el que opera desde afuera esquiva el sistema.
Además, usar el contrabando de granos, vinos o incluso estupefacientes para justificar un esquema tributario generalizado es, como mínimo, deshonesto. El combate al delito se hace con fuerzas de seguridad, inteligencia y justicia, no con impuestos distorsivos que confunden recaudación con política criminal.
El argumento del “orden y la responsabilidad” también pierde fuerza cuando no hay transparencia clara sobre cuánto se recauda por estas retenciones, cuánto se devuelve, y qué porcentaje real de esos fondos se destina efectivamente a los beneficios que se enumeran. Sin datos abiertos, auditorías independientes y rendición de cuentas, el discurso queda en propaganda.
Defender al Estado no es defender cualquier mecanismo de recaudación. Un Estado fuerte no es el que asfixia su propia economía para sostenerse, sino el que crece junto al sector productivo, amplía la base tributaria con más actividad, más empleo y más inversión, no con más controles y más castigos.
El problema no es querer un Estado presente. El problema es haber construido un modelo fiscal que desalienta producir en Misiones, encarece la vida cotidiana y luego le pide a la gente que agradezca porque “todo es por su bien”. Cuando cada vez menos quieren venderle o invertir en la provincia, el sistema no está ordenando: está expulsando.
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