“Ni en pedo le vendan a Misiones”

Por Paola Wojtowichz

La frase no es un exabrupto aislado ni una exageración mediática. Es el resumen brutal de lo que muchos comerciantes, proveedores y empresarios del país piensan cuando evalúan venderle a Misiones. Y cuando el economista Gustavo Lazzari define a la provincia como “el Muro de Berlín para comerciar”, no está usando una metáfora liviana: está describiendo un sistema que castiga, desalienta y expulsa el comercio formal.
El corazón del problema está en las retenciones a cuenta del ATM (ex Rentas), un mecanismo impositivo que el gobierno renovador presenta como “orden fiscal”, pero que en la práctica funciona como una aduana interna, prohibida por la Constitución Nacional. Cada camión que entra, cada factura que se emite, cada operación comercial que cruza la frontera provincial, queda atrapada en una telaraña de anticipos, percepciones y retenciones que ahogan al que produce y comercia.
No se trata de pagar impuestos —nadie discute eso— sino de cómo, cuándo y a quién se le cobra. En Misiones se cobra antes de que exista la ganancia, antes de vender, antes de cobrar, antes incluso de saber si la operación va a ser rentable. El Estado provincial se asegura su parte primero, aunque el comerciante después pierda plata, cierre o se funda. Y si sobra algo… recién ahí, tal vez, queda para el privado.
Este sistema genera tres consecuencias gravísimas:
Primero: encarece todo.
Las retenciones se trasladan a precios. No las paga el “empresario poderoso”, las paga el consumidor misionero cuando va al almacén, a la ferretería o a la farmacia. Misiones termina siendo más cara que provincias vecinas, incluso teniendo salarios más bajos.
Segundo: expulsa proveedores.
Muchas empresas directamente deciden no venderle a Misiones. No porque no quieran, sino porque el costo administrativo, la incertidumbre y la retención permanente hacen inviable la operación. Por eso la frase “ni en pedo le vendan a Misiones” no es ideológica: es contable.
Tercero: fomenta la informalidad.
Cuando el Estado aprieta demasiado, el mercado busca escapatorias. Crece el contrabando, el comercio en negro, las ventas sin factura, las triangulaciones con otras provincias. El mismo gobierno que dice combatir la evasión, la fabrica.
Mientras tanto, el discurso oficial sigue siendo el mismo de siempre: que Misiones es “ordenada”, que tiene “superávit”, que “administra bien”. Pero ese equilibrio fiscal se logra exprimiendo al sector privado, no desarrollándolo. Es fácil tener caja cuando el riesgo lo asume siempre el otro.
Misiones termina pareciéndose más a un feudo fiscal que a una provincia integrada al país. Un territorio donde el Estado provincial actúa como socio forzoso de cada operación, pero sin compartir pérdidas ni responsabilidades. Un muro invisible que separa a Misiones del resto del mercado nacional, aislándola y empobreciéndola lentamente.
Lo más grave es que este modelo no es nuevo ni accidental: es una decisión política sostenida en el tiempo. La Renovación construyó poder sobre un sistema cerrado, donde la dependencia del Estado reemplaza al desarrollo genuino, y donde el que produce es sospechoso hasta que demuestre lo contrario.
Si Misiones quiere crecer de verdad, atraer inversiones, generar empleo privado y dejar de expulsar a sus jóvenes, necesita derribar ese muro. Menos retenciones arbitrarias, menos anticipos asfixiantes, más reglas claras y previsibilidad. Porque ningún comerciante, ningún productor y ningún consumidor puede prosperar en una provincia donde el Estado cobra primero… y pregunta después.