En el marco del juicio por la estatización de YPF, los fondos demandantes solicitaron este jueves ante los tribunales de Nueva York que la jueza Loretta Preska declare en desacato a la Argentina y le imponga sanciones económicas, al considerar que el país incumplió órdenes judiciales vinculadas a la entrega de documentación y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios nacionales.
La presentación fue realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, con respaldo financiero del fondo Burford Capital, en el contexto del proceso de discovery que busca avanzar en el cobro de la sentencia de fondo que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. Desde el Gobierno ya anticiparon que rechazarán el planteo.
Qué sanciones reclamaron los demandantes
En el escrito presentado ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, los acreedores solicitaron al menos cinco sanciones contra la Argentina. Entre ellas, pidieron que se declare en desacato al Estado por considerar que incumplió de manera deliberada una orden judicial que exigía la entrega de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones no oficiales de funcionarios del área económica.
Además, reclamaron que se aplique una multa coercitiva de al menos US$1 millón por día, pagadera al tribunal mientras persista el supuesto incumplimiento, junto con sanciones civiles adicionales. También solicitaron que se presuma que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la Argentina.
Otro de los pedidos centrales es que la jueza Preska declare como “alter ego” del Estado argentino a distintos organismos y empresas públicas, entre ellos el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas. Según los demandantes, las comunicaciones reclamadas permitirían demostrar que estas entidades actuaron como extensiones directas del Estado, habilitando eventuales embargos.
En caso de que el país argumente que no puede acceder a la documentación requerida, los fondos solicitaron que se convoque a audiencias con testigos en vivo —incluidos funcionarios— y que la Argentina deba afrontar los honorarios y costos legales de ese proceso.
Cómo sigue el proceso judicial
De acuerdo con el cronograma fijado por el tribunal, la defensa argentina deberá responder formalmente el 19 de febrero. Luego, los demandantes presentarán su contrarréplica el 5 de marzo. Las audiencias orales quedaron previstas para los días 23 y 24 de marzo, instancia en la que la jueza Preska definirá si hace lugar o no al pedido de sanciones.
Desde el Ejecutivo nacional ya habían anticipado este escenario. “El 15 de enero comenzará un insólito y desproporcionado pedido de desacato”, señalaron desde la Procuración del Tesoro antes de que se concretara la presentación judicial.
Los acreedores sostienen que la Argentina incumplió el discovery ordenado por la jueza, que incluía el acceso a mensajes y correos de funcionarios del área económica, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa.
La respuesta del Gobierno
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron el pedido presentado por Burford Capital y aseguraron que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”. Según la defensa, el Estado ya entregó más de 113.000 páginas de documentación y puso a disposición el testimonio de distintos funcionarios nacionales.
Además, calificaron la presentación como “el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”.
El Gobierno adelantó que insistirá en su estrategia judicial y que apelará cualquier decisión que implique sanciones, al tiempo que busca limitar el alcance del proceso en una causa que continúa generando impacto económico, financiero y político para el país.
YPF: demandantes piden aplicar multa de US$1 millón por día
INFOBER 