Los embajadores de los países de la UE han dado este viernes luz verde por mayoría cualificada al acuerdo comercial con el Mercosur, poniendo fin así a más de 25 años de negociaciones. El acuerdo empezó a negociarse en 1999 y ahora ha sido refrendado por los gobiernos nacionales, en plena tensión también con el sector del campo, movilizado estos días en las principales ciudades europeas. La votación ha salido adelante con 21 votos a favor, incluido el de Italia, y la oposición de Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda. España, uno de los principales defensores del acuerdo, también ha dado su sí; Bélgica, por su parte, se ha abstenido. Ahora faltaría la aprobación del Parlamento Europeo.
El pacto político se firmó en diciembre de 2024, pero los socios han tardado más de un año en dar su visto bueno, con la clave de que Bruselas matizó el proceso eliminando la exigencia de unanimidad en la votación (sobre todo para salvar el veto histórico de Francia); ahora la Comisión Europea ha ido ofreciendo salvaguardas al sector primario, así como el adelanto de 45.000 millones de la futura Política Agraria Común (PAC), con la idea de aplacar los recelos sobre todo de Italia pero también de contentar a un sector levantado en pie de guerra. El siguiente paso, una vez firmados todos los documentos, es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajen a Paraguay para la rúbrica definitiva del acuerdo.
El pacto, con todo, cuenta con el rechazo del sector agrícola y ganadero, que considera que le deja «en desigualdad de condiciones» con respecto al otro lado del océano porque los estándares a cumplir son más exigentes en Europa. Además, apuntan a que las medidas y salvaguardas propuestas por Bruselas no son suficientes y que un acuerdo de este tipo puede ser «el fin» para el campo comunitario. «Las reformas que se plantean son suicidas», explicaron a 20minutos agricultores movilizados en Bruselas el pasado mes de diciembre, cuando la votación se pospuso por los recelos planteados por Italia.
Desde ASAJA han rechazado de nuevo el pacto. Su presidente, Pedro Barato, insiste en que la organización no rechaza los acuerdos comerciales, pero sí aquellos que se firman sin igualdad de condiciones. «Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal», ha señalado.
ASAJA advierte de que el acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control no están plenamente garantizados, tal y como reconocen incluso las propias autoridades comunitarias. «Se está permitiendo que productos con reglas distintas lleguen al mismo consumidor, lo que perjudica a agricultores y ganaderos europeos y también a los consumidores», ha añadido Barato.
