Por Paola Wojtowichz
La llegada de Rodrigo Correa, referente de La Libertad Avanza, a la conducción del Instituto Nacional de la Yerba Mate no tardó en mostrar cuál será la orientación real de su gestión. En lugar de iniciar con gestos de austeridad o defensa del sector productivo, su primer movimiento fue aumentar la estampilla yerbatera en un 28 %, llevándola de 25 a 32,12 pesos por kilo. Más recaudación, más carga y más presión sobre una actividad que atraviesa uno de sus momentos más delicados.
El aumento no es simbólico ni menor: 7,12 pesos adicionales por kilo, 7.120 pesos más por tonelada, que multiplicados por el volumen del mercado representan millones de pesos que salen del esfuerzo de productores, secaderos y cooperativas. Todo esto para sostener un presupuesto cercano a los 8.500 millones de pesos en un organismo que hoy carece de las herramientas básicas para ordenar el mercado y garantizar precios justos.
La paradoja es evidente. Desde el propio Gobierno nacional se impulsó el vaciamiento del INYM, quitándole la facultad de fijar precios mínimos y de intervenir en defensa del productor. Sin embargo, cuando se trata de recaudar, el Instituto sigue más activo que nunca. Se desregula para proteger a los grandes jugadores, pero se regula —y se cobra— para sostener la estructura.
Mientras desde Nación se habla de libertad, desregulación y fin de los impuestos, en la práctica se refuerza una tasa que funciona como un impuesto encubierto, sin beneficios concretos para quienes producen. La pregunta no es ideológica, es práctica y urgente: ¿qué devuelve hoy el INYM a cambio de lo que cobra?
La decisión se tomó en la primera reunión de Directorio encabezada por Correa, pocos días después de asumir formalmente por decreto. Un debut que marca rumbo: caja primero, productores después. Y un mensaje claro para el sector yerbatero, que ve cómo se le exige más esfuerzo en un contexto de precios bajos, concentración económica y ausencia de políticas públicas reales.
Ahora la definición final quedará en manos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que deberá decidir si avala este incremento. Pero el daño político ya está hecho. Porque un organismo que ya no regula, no protege ni equilibra, pero sí recauda cada vez más, deja de ser una herramienta del sector para convertirse en una carga más.
La retórica libertaria prometía terminar con los abusos del Estado.
En el INYM, por ahora, lo único que terminó fue la coherencia.
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