Según un informe del Centro de Economía Política Argentina basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cerraron 17.063 empresas más de las que se abrieron en el primer año y medio de gobierno de Javier Milei. Esto equivale a un promedio de 28 cierres por día y un saldo negativo de 236.845 puestos de trabajo.
Las actividades más afectadas fueron la construcción y la industria manufacturera. Tras el derrumbe de 2024 por la paralización de la obra pública y la recesión por el recorte del gasto estatal, ambos sectores permanecen entre un 22% y un 9% por debajo del promedio de 2023.
La multinacional Whirlpool comunicó esta semana que despedirá a 220 trabajadores debido al cierre de su planta en Pilar, en el norte del Gran Buenos Aires. La fábrica había sido inaugurada hace apenas tres años, tras una inversión de 50 millones de dólares, con el objetivo de producir 300.000 lavadoras de última generación por año.
El cierre de la planta de Whirlpool se suma a una serie de suspensiones y ceses de actividades que afectan a empresas tanto locales como extranjeras en Argentina. En los últimos días se anunciaron despidos en la fábrica de sartenes y cacerolas Essen, la clausura de una de las plantas del fabricante de muebles Color Living, y el cierre de la planta de generadores y alternadores eléctricos DBT, conocida como Cramaco, en Sastre, Santa Fe.
El repunte económico durante la primera mitad de 2025 redujo parcialmente la destrucción de empresas, aunque se aceleraron los procesos preventivos de crisis (PPC). Según datos oficiales citados por La Nación, hubo 143 PPC en los primeros diez meses del año, superando ya el total de 2024 y marcando la cifra más alta desde 2018 y 2019.
La industria y la construcción resentidas por la crisis en Argentina
Los empresarios advierten que “la crisis industrial recuerda a la de los años noventa”, cuando la apertura de importaciones durante la presidencia de Carlos Menem obligó a muchas empresas a cerrar por no poder competir con productos extranjeros. En este contexto, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reconoció que Argentina debe abrirse al mundo y competir, pero subrayó que se requieren políticas que reduzcan los costos de producción locales.
Rappallini señaló que “no hay país en el mundo que se haya desarrollado a nivel industrial cerrando la economía. No existe. La integración es el gran camino. Pero hay que tomar políticas muy fuertes frente a las distorsiones que se construyeron”. En septiembre, la capacidad instalada de la industria manufacturera fue del 61,1%, apenas por encima del 60,8% registrado en ese mismo mes de 2020, en plena pandemia.
El sector textil atraviesa una situación crítica, operando al 44,4% de su capacidad instalada, cinco puntos menos que en 2024 y casi quince por debajo de noviembre de 2023. Según Rappallini, “venimos hablando de competencia desleal: son productos que entran sin impuestos, y también está la competencia desleal que venimos alertando desde China”. La llegada de ropa importada, directa o vía plataformas como Temu y Shein, perjudica a pequeñas y medianas empresas locales.
El entusiasmo de los consumidores por adquirir ropa barata se tradujo en destrucción de empleo formal. Según ProTejer, se han perdido cerca de quince mil puestos de trabajo en el sector textil. Por su parte, el gobierno de Milei busca impulsar reformas laboral e impositiva durante la segunda mitad de su mandato, que beneficiarán a los empresarios, aunque las dificultades de venta persistirán si no mejora la capacidad adquisitiva de la población.
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