Comenzó este martes 25/11 el juicio oral que pretende castigar penalmente a los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por su participación en las luchas salariales de 2024.
La jueza recordó el ofrecimiento de la fiscalía de la suspensión del juicio a prueba, posibilidad que fue rechazada tanto por Gurina cómo Sánchez, quienes insistieron en la legitimidad de los reclamos y el carácter colectivo de la protesta salarial.
“Hemos manifestado que esta no es una decisión individual y personal, es una decisión colectiva del conjunto de los trabajadores que hoy nos lleva a rechazar esta propuesta de la probation…” – respondió Mónica Gurina.
Todas las intervenciones refirieron a la angustiosa situación económica y social que llevó masivamente a la protesta a distintos sectores de trabajadores del Estado provincial: trabajadores de la educación, de la salud pública y de las fuerzas de seguridad, empujados por el deterioro salarial provocado por la decisión de las autoridades locales de no recomponer el salario en la medida de la estampida inflacionaria.
“Juzgan hoy a una maestra de grado, se juzga hoy a una sindicalista y en mi caso, hoy que se mira de reojo a los sindicalistas tengo el orgullo de cumplir el mandato de mis compañeros y mis compañeras…” – introdujo Mónica Gurina en su declaración, para posteriormente relatar los incumplimientos de los acuerdos salariales por parte del gobierno provincial que – en un contexto de alta inflación- deterioraron rápidamente el salario de los trabajadores de la educación. La dirigente también relató las innumerables gestiones que realizaron ante distintas autoridades solicitando recomposición salarial sin resultados. Describió a ese recorrido infructuoso, que incluyó paros de actividades desde febrero de 2024, e inclusive la huelga de hambre de algunas docentes como el antecedente de las decisiones de salir a las calles y concluir en el Acampe sobre la Av. Uruguay.
“Nuestras acciones no constituyeron un delito, sino que fueron una expresión inevitable y legítima de un conflicto social y económico de extrema gravedad.” – definió Leandro Sánchez en su declaración.
«El plan de ajuste macroeconómico implementado por el gobierno de Javier Milei fue el principal motivo que nos llevó a la calle. Por supuesto que está condimentado con un montón de cosas de la administración provincial, pero principalmente eso generó las condiciones materiales para para esta salida a la calle. Desde esta perspectiva, en ese contexto, la protesta social es una manifestación legítima de la lucha de clases y el derecho a la supervivencia frente a las políticas que atentan contra la subsistencia de los trabajadores.” – contextualizó el dirigente de UTEM y CTA A Misiones.
Concluidas sus declaraciones, la defensa solicitó que se escuche en la misma jornada el testimonio de sus testigos, cuya comparencia estaba agendada para el próximo jueves 27/11. Además, se solicitó la incorporación de la testimonial de Marta Maffei en carácter de Amicus Curiae.
El tribunal accedió al pedido, por lo que testimoniaron el docente Carlos Lezcano -referente del FTEL- la dirigente de UDNAM Estela Genesini y la ex dirigente de CTERA.
El primero en declarar fue el profesor Lezcano, referente del FTEL, quien hizo un largo racconto del desarrollo de las luchas docentes y describió la desesperante situación salarial de las y los docentes a comienzos de 2024, «ese es el contexto» en qué se toma «colectivamente» la decisión del Acampe Docente sobre la Av. Uruguay de Posadas, dónde «ya estaban cortando los policías».
“El maestro con un cargo estaba debajo de la línea de indigencia. Y el que tenía dos cargos, estaba debajo de la línea de la pobreza» y advirtió Lezcano que era imposible permanecer indiferente ante la situación desesperante de muchos docentes.
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Lezcano describió la mecánica de toma de decisiones para todas las medidas.
Destacó la masividad de las asambleas dónde se discutía y se consensuaba o votaban las acciones.
Lezcano dió cuenta de que la protesta no solo se vivía en Posadas. «Había asambleas, cortes en toda la provincia» y en el acampe de la Avenida Uruguay «éramos miles de docentes del interior que hacíamos turnos rotativos. Desde el interior venían, se rotaban, la prensa informaba sobre lo que pasaba en Posadas pero éramos muchos del interior.”
A su turno, testimonió la Secretaria General de UDNAM Estela Genesini, quien también se refirió al difícil contexto salarial y económico en que tuvieron lugar las masivas protestas de 2024.
Además, remarcó el carácter colectivo y asambleario de las decisiones que se tomaron sobre las medidas de lucha a seguir.
“Las decisiones se tomaban colectivamente, o sea, se reunían en la asamblea nuestros compañeros, estuviéramos nosotros o no estuviéramos. A veces, llegábamos del interior y la asamblea ya había sido convocada por la mayoría, porque funcionamos por mayoría y allí se tomaban las decisiones.”- describió, y destacó que esa dinámica se dio a pesar de que las organizaciones sindicales que fueron parte tienen sus propias estructuras orgánicas con otras formas de funcionamiento:
“ nosotros institucionalmente tenemos una orgánica, pero en estos procesos de lucha que se arman, dejamos de lado nuestra orgánica y supeditamos las decisiones a lo colectivo y entre todos definimos”. – afirmó.
A continuación, se escuchó el testimonio de la histórica dirigente de la CTERA Marta Maffei, quien se presentó como Amicus Curiae y brindó elementos para dar salida al planteo de la Fiscalía de una colisión entre el derecho a la protesta social y el derecho a la libre circulación.
En primer lugar refirió a la extensa tradición política de ejercicio de la protesta social en nuestro país:
“En Argentina existe un vínculo indiscutido entre la protesta social, las luchas de los trabajadores y los logros de derechos laborales. Son los que han conseguido, han garantizado los pisos de derecho laboral.” – postuló y advirtió:
“la Constitución en el artículo 14 dice que tienen derecho a reclamar y a peticionar y dice que se asegurará a los gremios y a los dirigentes garantías para el cumplimiento de su función y gestión social. Ya no es dejarlos hacer, es asegurar, darles garantía de no persecución, de ejecutar los mandatos gremiales. En ninguna parte, en ningún lugar de la Constitución dice que el accionar de las organizaciones sindicales no debe generar ninguna molestia.”
Maffei prosiguió su exposición argumentando la prevalencia de derechos básicos sobre el derecho a la circulación y de los derechos colectivos por sobre los derechos individuales:
“Acá hay una contradicción, si usted quiere, de dos derechos. Un derecho efectivamente colectivo, un derecho de ejecución colectiva frente a un derecho particular que se resuelve dando vuelta a la manzana. De ninguna manera tiene comparación.
Hay una prevalencia de los derechos y el derecho a protestar es un derecho prevalente, no es un derecho menor (…) Y cuando hay un conflicto de intereses hay que poner por encima las demandas políticas, que son las que amparan los derechos de los ciudadanos.”- recomendó al Tribunal y advirtió: “cuando se restringe el derecho a la protesta, cuando se persigue la protesta, lo que en realidad se está haciendo es disfuncional a la democracia.”
Luego de concluido su testimonio, el Tribunal dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles 26/11, cuando se escuchará a los denunciantes y los alegatos, y probablemente se dicte sentencia.
Ambos dirigentes están acusados de » DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y ENTORPECIMIENTO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE POR TIERRA EN CONCURSO IDEAL”, causa originada en el multitudinario Acampe Docente que se instaló sobre la Av. Uruguay de Posadas entre mayo y junio de 2024.
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