La semana que viene comenzará a definirse en la Corte de Apelaciones de Nueva York el juicio por la expropiación de YPF. Ese tribunal decidirá si es correcto o no el fallo de la jueza Loretta Preska, quien condenó en 2023 al Estado local a pagar unos USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Burford Capital, el bufete de abogados que compró los derechos de litigio de esta causa y es el principal beneficiario del caso, habló por primera vez por medio de un comunicado en el que “para comodidad de los inversores” sintetizó información sobre la evolución y el estado de la causa (en sus presentaciones trimestrales antes inversores habla del caso, pero este fue su primer comunicado de prensa sobre la causa).
Sobre el final realizó lo que podría considerarse una recomendación a Argentina, su contraparte, de sentarse a negociar. Es lo que viene intentando por varias vías desde hace al menos dos años, y sin éxito. Este Gobierno, incluso de boca del presidente Javier Milei, aseguró que no va a negociar y que agotará las instancias judiciales, incluso hasta la Corte Suprema de EEUU.
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