Por Paola Wojtowichz
Resulta llamativo, por no decir indignante, escuchar al exgobernador y actual diputado provincial Oscar Herrera Ahuad afirmar que “el misionero no llega a fin de mes” y que su desafío es “aumentar el poder adquisitivo”. Lo dice como si acabara de llegar, como si no hubiera sido parte fundamental de un proyecto político que gobierna Misiones hace más de 25 años, y que es responsable directo del deterioro social, económico y moral que atraviesa la provincia.
Herrera no puede hablar como un observador externo. Fue vicegobernador entre 2015 y 2019 y gobernador entre 2019 y 2023, dentro del esquema de la Renovación, ese modelo encabezado por Carlos Rovira que construyó una maquinaria de poder concentrada, cerrada y funcional solo a los intereses de unos pocos. Un sistema que distribuye cargos por conveniencia política, acomoda a familiares, militantes y amigos, y margina a quienes no se alinean con la estructura.
Mientras tanto, los misioneros reales —los que trabajan, producen y sostienen esta provincia— viven al límite desde hace años. Los docentes cobran sueldos miserables y se les adeudan meses de aumentos prometidos; los hospitales están desbordados; los enfermeros, los trabajadores de la salud, los policías y los empleados públicos sobreviven con salarios que no cubren ni la canasta básica. En muchas localidades del interior, las escuelas aún no tienen agua potable, electricidad constante ni conectividad, y hay aulas con más de 40 chicos porque no se construyen nuevos edificios.
No se trata de una crisis reciente ni de una consecuencia directa del gobierno nacional actual, como pretende instalar Herrera. Javier Milei lleva apenas dos años en el poder nacional, mientras que la Renovación lleva un cuarto de siglo manejando el presupuesto provincial, con miles de millones que nunca se reflejaron en calidad educativa, infraestructura ni servicios públicos.
El relato de la “provincia modelo” se cae a pedazos frente a la realidad cotidiana: rutas eternamente en construcción, como el puente del Pindaytí, que lleva casi cuatro años paralizado; caminos rurales intransitables; escuelas rurales con techos que se llueven y hospitales del interior sin médicos permanentes ni ambulancias en condiciones. La corrupción y el amiguismo son el verdadero motor del Estado misionero.
Los recursos públicos se malversan o se direccionan a sectores aliados al poder, se multiplican los cargos políticos innecesarios y se reparten sueldos privilegiados entre funcionarios, mientras el trabajador común sigue contando monedas para llegar a fin de mes. En lugar de reducir la estructura burocrática, la ampliaron con cargos inventados, asesores fantasmas y ministerios creados solo para sostener lealtades políticas.
A eso se suma un sistema económico que castiga al pequeño productor y favorece a los grandes grupos aliados al poder. En el sector yerbatero, el precio que recibe el colono sigue siendo una burla, mientras los molinos y secaderos amigos del gobierno acumulan ganancias. Lo mismo ocurre con el tabaco y la madera: los que producen se funden, los que negocian se enriquecen.
Y aun así, Herrera pretende hablar de “poder adquisitivo”, como si su espacio no hubiera sido el responsable de vaciarlo. Durante su gestión, se profundizó la precarización laboral, se ajustaron los salarios estatales y se silenció a los gremios con acuerdos de miseria. El gobierno renovador se volvió experto en simular diálogo y practicar el abandono, dejando a miles de familias en la incertidumbre económica.
En Posadas, las familias hacen filas en los merenderos para conseguir un plato de comida. En el interior, los jóvenes emigran porque no hay empleo genuino ni oportunidades, y los que se quedan deben conformarse con planes o trabajos temporales atados a favores políticos. La brecha entre los que gobiernan y los que viven de su trabajo ya es un abismo social y moral.
Mientras el discurso oficial insiste en culpar a la Nación, en Misiones los problemas estructurales nacen y mueren dentro de la propia administración provincial. No hay desarrollo productivo real, no hay incentivos para el trabajo formal, y la pobreza avanza cada año. Los sectores productivos, como el yerbatero, el tabacalero y el forestoindustrial, sobreviven sin respaldo estatal mientras los funcionarios repiten frases vacías frente a los micrófonos.
La realidad es simple: el misionero no llega a fin de mes porque los que gobernaron por más de dos décadas vaciaron las arcas, desmantelaron los servicios públicos y consolidaron un modelo clientelar que se alimenta del sometimiento y la dependencia.
Por eso, cuando Herrera habla de “aumentar el poder adquisitivo”, suena a burla. Porque si realmente le importara el bienestar de los misioneros, hubiera hecho algo cuando tuvo el poder absoluto para hacerlo. Hoy, desde una banca, busca lavarse las manos y echar culpas, pero la memoria colectiva pesa.
Herrera Ahuad no puede presentarse como salvador de un problema que él mismo ayudó a crear. La Renovación es responsable del empobrecimiento de Misiones, de los salarios más bajos del país y de la desigualdad que castiga a quienes producen mientras premia a los que viven de la política.
Que Herrera no venga a descubrir ahora la pobreza que ayudó a crear.
El misionero no llega a fin de mes porque los que gobiernan hace décadas se acostumbraron a vivir de él.
No hay milagro posible cuando el Estado se volvió un botín político.
Y si de desafíos se trata, el verdadero desafío es romper el silencio, recuperar la dignidad y hacer que los responsables de esta miseria empiecen, de una vez por todas, a rendir cuentas.
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