En las últimas horas, el diputado provincial electo Héctor “Cacho” Bárbaro volvió a sacudir la campaña al acusar directamente a intendentes renovadores –y nada menos que a Óscar Herrera Ahuad, cuando era director del hospital de San Pedro– de haber firmado de manera masiva pensiones por invalidez. No es un dato menor: esas mismas pensiones, que durante años fueron el lubricante del clientelismo político en Misiones, hoy son utilizadas como munición electoral.
Mientras desde la Renovación apuntan contra el Partido Agrario y Social (PAyS) acusándolo de tener candidatos beneficiarios de pensiones irregulares, Bárbaro devolvió el golpe asegurando que “el 95% de esos trámites” fueron gestionados por los jefes comunales renovadores. La guerra de acusaciones deja un dato incuestionable: todos jugaron con las pensiones como fichas de poder.
El espejo incómodo del PAyS
La polémica estalló luego de que se conociera que al menos 13 candidatos del PAyS cobraban pensiones no contributivas por invalidez. El oficialismo no tardó en aprovecharlo: instalaron la idea de un manejo oscuro dentro del espacio opositor. La respuesta de Bárbaro fue inmediata: “esas pensiones son un derecho”, “los que asumieron renunciaron”, “yo nunca firmé nada”.
Pero ahí aparece el doble filo. Si el 95% de las pensiones las otorgó la Renovación, ¿cómo explicar que tantos referentes del PAyS aparezcan beneficiados? No se trata de criminalizar la discapacidad, pero sí de admitir que ambos bandos jugaron en el mismo barro. Ni los renovadores son santos ni el PAyS puede venderse como la reserva moral de la política.
Herrera Ahuad en la mira
La acusación más fuerte fue contra Óscar Herrera Ahuad: según Bárbaro, cuando era director del hospital de San Pedro firmó solicitudes de pensiones que hoy serían irregulares. Una imputación gravísima, pero hasta ahora sin papeles que la respalden. Si hay expedientes con su firma, que los muestren. Si no, la denuncia es puro humo electoral. Y en ese caso, Bárbaro termina cayendo en el mismo juego sucio que critica.
Auditorías: derechos expuestos como trofeo
Mientras tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) audita pensiones en Misiones con métodos vergonzosos: listados públicos con nombres y documentos de beneficiarios, notificaciones inexistentes y exigencias imposibles de cumplir en zonas rurales. La consecuencia: gente vulnerable expuesta, estigmatizada y obligada a peregrinar para defender derechos básicos.
El PAyS judicializó el tema, denunciando atropellos de Nación. Un gesto válido. Pero el problema es la contradicción: al mismo tiempo, el propio partido arrastra casos de candidatos con pensiones. Y esa incoherencia le quita potencia al discurso.
Clientelismo: el verdadero “sistema de pensiones”
La verdad incómoda es que las pensiones no contributivas en Misiones nunca fueron una política social seria. Se transformaron en la billetera del clientelismo: la Renovación las usó durante años para disciplinar votantes, y el PAyS también se benefició de ese circuito. Hoy se tiran piedras mutuamente, pero las dos casas son de vidrio.
Lo que debería ser un derecho adquirido se convirtió en el plan más eficaz de sometimiento político. Una máquina de administrar pobreza que todos usufructuaron mientras el discurso público se llenaba de palabras vacías sobre inclusión y justicia social.
El precio de la hipocresía
El enfrentamiento entre Bárbaro y Herrera Ahuad no es un debate sobre derechos ni sobre transparencia: es apenas un capítulo más de la politiquería misionera. Se discute quién firmó, quién cobró, quién renunció, quién usó la lapicera. Lo que no se discute es cómo garantizar que las pensiones lleguen con dignidad a quienes realmente las necesitan, sin ser humillados en auditorías indignas ni convertidos en rehenes electorales.
La conclusión es brutal pero clara: en Misiones el negocio no es resolver la pobreza, es administrarla. Y ahí no hay diferencias: Renovadores y Pays se parecen mucho más de lo que admiten. Uno inventó la maquinaria, el otro se subió para aprovecharla.
El problema es que, en esta guerra de acusaciones, los que pagan los platos rotos son siempre los mismos: personas con discapacidad, adultos mayores, familias enteras que terminan señaladas como sospechosas, cuando el verdadero fraude no está en los pasillos del hospital ni en la cola del ANSES, sino en la dirigencia que sigue usando a los pobres como combustible de campaña.
Por Paola Wojtowichz
INFOBER 