Tras la publicación del nuevo indicador de pobreza, la junta interna del organismo de ATE cuestionó el uso electoral de las estadísticas oficiales, rechazó la “lectura engañosa” del Gobierno y advirtió sobre la pérdida salarial y la salida de técnicos calificados.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este jueves el dato de pobreza en el primer semestre de este 2025. Según ese informe, el 31% de la población argentina es pobre: extrapolándolo al total del país, significa que hay 15,05 millones de argentinos en la pobreza y 3,39 millones en la indigencia, en comparación con el primer semestre de 2024.
Dicha publicación volvió a encender la tensión entre los trabajadores del INDEC y el Gobierno nacional. A través de un comunicado, la junta interna de ATE acusó al Ejecutivo de “manipular políticamente” los datos del organismo y de precarizar al personal técnico. “Necesitamos un INDEC independiente de los gobiernos de turno’’, reclamaron.
“Resulta inadmisible cualquier injerencia externa de la política sobre el trabajo técnico”, señalaron los delegados, en respuesta a las declaraciones del ministro del Interior, quien reconoció que el presidente bloquea la actualización del IPC. Según los trabajadores, esa injerencia “pone en ridículo las estimaciones publicadas y desacredita la labor de más de mil empleados del instituto”.
ATE alerta sobre manipulación política y precarización en el INDEC
El documento rechaza particularmente la afirmación de que el Gobierno habría sacado a 12 millones de personas de la pobreza. “Ese planteo no resiste el mínimo análisis”, advierte el texto, y explica que se trata de una “utilización maniquea de los períodos de referencia”, al comparar el presente con el primer semestre de 2024 y omitir el salto inflacionario posterior a la devaluación de diciembre de 2023.
Además, cuestionan la interpretación estadística: “La EPH abarca alrededor de 30 millones de personas. Para hablar de una salida de más de 10 millones de la pobreza, la caída debería superar el 33%, y eso no sucedió”. Para los delegados, el Gobierno incurre en un procedimiento “metodológicamente incorrecto” al extrapolar resultados y presentar cifras que no reflejan la realidad.
