El Gobierno anunció la eliminación temporal de las retenciones al agro, una medida destinada a acelerar la liquidación de divisas en un contexto de fuerte necesidad de dólares. Sin embargo, el alivio fiscal para el campo tendrá un costo para el Estado similar al que demanda la Ley de Emergencia para Discapacidad, hoy suspendida por falta de financiamiento.
Según estimaciones oficiales y privadas, la quita de retenciones generará una pérdida de entre US$ 1.460 millones y US$ 1.600 millones, lo que equivale a 0,23 % y 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI). Cifra que coincide con los recursos necesarios para poner en marcha la normativa que busca asistir a personas con discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin ejecución.
La medida para el agro tendrá vigencia hasta el 31 de octubre o hasta que el sector liquide alrededor de US$ 7.000 millones en exportaciones, lo que ocurra primero.
La comparación entre ambas cifras encendió la polémica. Mientras que al campo se le otorga un beneficio inmediato con un alto costo fiscal, la ley que representa un reclamo histórico de las organizaciones de discapacidad continúa en espera de asignación presupuestaria.
Economistas advierten que, aunque la decisión apunta a sostener las reservas y dar un respiro a la economía, también implica resignar ingresos en un momento en el que otras áreas sensibles del gasto público, como salud, educación y políticas sociales, enfrentan fuertes restricciones.
Eliminación de las retenciones al agro costará lo mismo que la Ley de Discapacidad: US$ 1.500 millones
INFOBER 