“El doble discurso de Passalacqua: amparos en tribunales, miseria en la provincia”

Por Paola Wotjowich

La decisión del gobernador Hugo Passalacqua de instruir al Fiscal de Estado a presentar un amparo contra la Nación por la suspensión de pensiones por invalidez pone en escena un conflicto que atraviesa tanto lo político como lo social.

Por un lado, es indudable que el Estado Nacional vulneró derechos básicos al interrumpir, desde marzo, el pago de un beneficio que no es una dádiva, sino un sostén vital para miles de personas con discapacidad. Hablamos de ingresos que permiten costear medicamentos, alimentos, traslados y cuidados elementales. Su suspensión no es una cuestión burocrática: es un golpe directo a la dignidad y a la supervivencia cotidiana.

Por otro lado, la reacción provincial llega con sabor a tardía y a movimiento político más que a compromiso real. Passalacqua reclama en los estrados judiciales lo que no siempre garantiza en casa: salarios dignos, escuelas en condiciones, hospitales con insumos. Así, el discurso de defensa de los sectores vulnerables convive con una gestión que muchas veces reproduce precariedad y desigualdad.

El IPS es un ejemplo brutal: jubilados que deben peregrinar para conseguir un turno, medicamentos de alto costo que no llegan, derivaciones que se niegan y prestaciones que se reducen. Muchos terminan pagando de su bolsillo lo que el Estado debería cubrir. ¿No es también un atropello a la dignidad?

La docencia misionera lleva meses en las calles porque sus salarios están entre los más bajos del país: un maestro apenas supera los 250 mil pesos cuando la canasta básica ya ronda el doble. Y mientras tanto, el gobierno provincial intenta deslegitimar la protesta, en lugar de reconocer que se trata de trabajadores empujados a la pobreza. ¿Acaso no son ellos también sujetos vulnerados, como los beneficiarios de pensiones?

En los hospitales la situación no es distinta: profesionales que se van porque los sueldos no alcanzan, falta de insumos básicos, guardias saturadas y pacientes que deben esperar meses para una cirugía. En muchos casos, familiares organizan rifas para comprar medicamentos o pagar traslados que el sistema público debería garantizar. La “salud gratuita” en Misiones se sostiene con la solidaridad de la gente, no con la gestión estatal.

El amparo es, sin dudas, un paso necesario: exige retroactivos, cuestiona auditorías irregulares y pide cautelares para evitar nuevas bajas. Pero no resuelve lo esencial: que los derechos dejen de depender de un expediente judicial o de la voluntad de un juez. La verdadera deuda está en construir un Estado —nacional y provincial— que no abandone a quienes más necesitan y que garantice lo obvio: que la dignidad no puede suspenderse.

Y aquí la pregunta incómoda: ¿de qué sirve que Passalacqua se plante frente a Nación como defensor de los vulnerables, si en su propia provincia los tiene condenados a la miseria con salarios de hambre y servicios públicos en ruinas?