Luego de la difusión de una serie de audios en donde se expuso una maniobra para presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el viernes pasado se conocieron otras escuchas de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada. En ese marco, el Gobierno decidió denunciar ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al Poder Ejecutivo antes de las elecciones.
La medida cautelar fue otorgada por el juez Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, quien falló a favor de la hermana del Presidente para que no se difundan los audios que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada. Justamente, una vez que se conoció la decisión del Poder Judicial para con la información que fue publicada en el canal de streaming Carnaval, desde diferentes sectores de la política salieron a cuestionar la decisión que informó el vocero presidencial Manuel Adorni.
“Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. El juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas.
¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas», escribió Maxi Ferraro, líder de la Coalición Cívica en sus redes sociales. Y agregó: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina. El gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción, pero la censura y los aprietes no tapan la mugre, solo la multiplican». “Democracia es libertad de prensa y expresión. La censura previa la usan los autoritarios o los que tienen miedo a la verdad. En este caso son las dos cosas”, completó. En ese sentido, el cuestionamiento de Ferraro se da tras conocerse que el magistrado enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados.
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