Por Paola Wojtowichz.
Oscar Herrera Ahuad, actual presidente de la Legislatura de Misiones y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia, declaró recientemente: “Cueste lo que cueste, voy a estar al lado de la Universidad Pública”. Una frase que, a primera vista, puede sonar esperanzadora. Pero la realidad de su trayectoria política y legislativa muestra un panorama completamente distinto, donde sus palabras se alejan de las acciones que realmente fortalecen la educación superior.
Durante su mandato como gobernador de Misiones, Herrera Ahuad y su bloque demostraron poca o nula preocupación por la universidad pública. En 2018, votaron en contra del financiamiento a las universidades nacionales, incluyendo la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Esta decisión tuvo un impacto directo y negativo en estudiantes, docentes y personal administrativo, ya que la falta de recursos afectó becas, salarios y la infraestructura educativa, que permanecía insuficiente y precaria.
El historial legislativo reciente también refuerza esta contradicción. En octubre de 2024, la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Los cuatro diputados misioneros del bloque Renovación —Carlos Fernández, Daniel Vancsik, Yamila Ruíz y Alberto Arrúa— se abstuvieron en la votación, dejando de lado la protección presupuestaria necesaria para nuestras universidades. Ni un voto afirmativo. En 2025, cuando el proyecto volvió a obtener media sanción en Diputados (1158 votos positivos, 75 negativos y 5 abstenciones), los diputados misioneros nuevamente no acompañaron la iniciativa. Si la defensa de la universidad pública fuera verdadera, sus aliados habrían actuado. Pero su historial demuestra lo contrario: aplaudir discursos vacíos mientras se niegan los recursos esenciales.
Hoy, Herrera Ahuad se presenta como un defensor de la educación pública y se reúne con autoridades de la UNaM, afirmando: “Voy al Congreso a defender lo que nos costó tanto conseguir”. Sin embargo, estas declaraciones deben leerse con escepticismo. Hablar de apoyo a la universidad sin respaldar medidas concretas de financiamiento y políticas que garanticen becas, infraestructura y salarios dignos es puro maquillaje político, un intento de captar votos sin un interés real en la educación superior.
La defensa de la universidad pública requiere acciones concretas, consistentes y medibles: acompañar leyes que aseguren financiamiento, garantizar la estabilidad laboral de docentes y no docentes, invertir en infraestructura y fortalecer el acceso de estudiantes de toda la provincia. Sin estas medidas, cualquier discurso se convierte en vacío y sin impacto. La comunidad universitaria y los ciudadanos deben estar informados, ser críticos y exigir coherencia entre palabras y hechos, porque solo así se puede garantizar una educación pública de calidad y equitativa.
En conclusión, la candidatura de Oscar Herrera Ahuad al Congreso Nacional es una contradicción flagrante entre su discurso y su historial político. Su supuesto compromiso con la universidad pública debe evaluarse con rigor y escepticismo. Los hechos demuestran que, cuando estaba en juego el financiamiento y la protección real de la educación superior, su bloque optó por abstenerse y dejar desprotegida a nuestra universidad. Los misioneros merecen representantes que actúen, que legislen y que transformen la realidad de la educación pública, no políticos que se contentan con frases vacías para ganar votos.
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