El Gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA

El Gobierno nacional oficializó este martes la eliminación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través del Decreto 571/2025 publicado en el Boletín Oficial. La decisión, que forma parte del plan de “racionalización” del Estado, se adoptó a pesar del rechazo reciente de la Cámara de Diputados a varios decretos delegados que modificaban la estructura de organismos técnicos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado que el Ejecutivo continuaría con las reformas administrativas. Tras la sesión especial en Diputados, cuestionó el rechazo legislativo: “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, afirmó.


El decreto dispuso que las funciones de la Dirección Nacional sean asumidas directamente por la Presidencia del INTA, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Según el texto oficial, “las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido”, señalando que existía una superposición funcional con la Presidencia.

La reestructuración se enmarca en el Decreto 462/25, que cambió el estatus del INTA de organismo descentralizado a desconcentrado, aumentando su dependencia del Poder Ejecutivo. Francos insistió en que no se cuestionaba la labor técnica del organismo, pero sí su estructura: “El INTA tenía seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula”, expresó días atrás.

Hasta que se complete la reorganización, el decreto estableció que se mantendrán vigentes las áreas, cargos y dotaciones actuales bajo la estructura eliminada. La medida fue revisada por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto, con aval jurídico. Lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.

Este avance sobre el INTA constituye un nuevo capítulo del plan de achicamiento del Estado impulsado por el Gobierno libertario, que incluye modificaciones en organismos con fuerte trayectoria técnica y presencia territorial.