¿A dónde va esa recaudación “jugosa”?¿para mejorar la infraestructura vial?


¿Recaudación o castigo a los de abajo?

Por Paola Wojtowichz


Una vez más, el Gobierno de Misiones toma una medida que golpea directo al bolsillo del ciudadano común, ese que apenas puede mantener su vehículo en condiciones mínimas para circular. Aplicar un recargo del 35 %, 70 % y hasta un 105 % por tener la VTV vencida no es otra cosa que un castigo encubierto en discurso de “seguridad vial”, cuando en realidad lo que menos les importa es la seguridad y mucho menos el estado de nuestras rutas.

Porque si de condiciones de circulación hablamos, ¿por qué no empezamos por exigir al Estado que garantice rutas seguras, señalizadas, iluminadas y transitables? Las rutas provinciales están destruidas: pozos que parecen cráteres lunares, banquinas que desaparecen entre el pastizal y puentes en condiciones peligrosas. Y mientras tanto, te cobran cifras exorbitantes si no llegaste a renovar una VTV a tiempo, sin considerar la falta de turnos, demoras administrativas o incluso la falta de información.

¿A dónde va esa recaudación “jugosa”? ¿Quién la controla? ¿Se va a usar realmente para mejorar la infraestructura vial, o va a alimentar el eterno aparato burocrático y político que vive del sudor de los trabajadores? La experiencia misionera nos dice que rara vez la plata se traduce en mejoras reales. Ya lo vemos con los peajes, los impuestos al combustible y hasta con las multas: todo sube, pero nada mejora.

El discurso oficial hablará de “responsabilidad” y “prevención de accidentes”, pero en el fondo es otra maniobra recaudatoria disfrazada de buena intención. El Estado no puede exigir a los ciudadanos lo que él mismo no garantiza. Es inmoral exigir vehículos en condiciones óptimas para circular por rutas que están en ruinas. Es una hipocresía que en nombre de la ley y el orden se siga exprimiendo al pueblo, mientras los responsables de la obra pública brillan por su ausencia.

¿Querés seguridad vial? Empezá por poner en condiciones las rutas, fiscalizar a las empresas de VTV que cobran como privadas pero ofrecen un servicio lento y saturado, y garantizar que no haya ni un peso recaudado sin destino claro. Hasta entonces, todo recargo es una estafa con firma oficial.