Algunas de las rutas argentinas más peligrosas son las 5, 188, 12, 14, 40, 11, 33, 34, 9, 6 y 16, dos de ellas atraviesan la provincia de Misiones.
El país se encuentra entre los países con las peores rutas del mundo según varios informes. Un estudio realizado por la consultora internacional Zutobi la posicionó en el puesto 54 de 59 países evaluados. Este ranking, basado en datos de The Global Economy, refleja una situación preocupante en cuanto al estado de las rutas argentinas.
La situación se agrava si se considera que, a pesar del aumento del parque automotor, la infraestructura vial no ha acompañado ese crecimiento, afectando la seguridad vial. Además, según datos de la Dirección Nacional de Observatorio Vial, las rutas nacionales argentinas son consideradas obsoletas y están en mal estado, generando una alta siniestralidad vial.
En la larga lista de terribles efectos de décadas de corrupción en la Argentina, la pérdida de vidas es seguramente lo más doloroso. “La corrupción mata” confirmamos con la tragedia de Once en 2012 y su luctuoso saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
Hay otra tragedia a la que asistimos diariamente y a la que muchos nos resistimos a acostumbrarnos: la tragedia vial. El informe de la Dirección Nacional de Observatorio Vial, un organismo dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con datos de 2022 sobre la siniestralidad en nuestro país, reporta la pérdida de 13 vidas por día, la mitad de ellas en las rutas, gran parte en las nacionales. El mayor movimiento en nuestras rutas por desplazamientos propios de la época estival funciona cada año como espasmódico recordatorio de la irresponsabilidad de muchos conductores, pero también del desastroso estado de kilómetros y kilómetros de caminos y rutas que se han ganado, con toda justicia, el mote de “rutas de la muerte”. En 2021, el Ministerio de Obras Públicas informaba que solo el 31% de la red vial nacional estaba en buen estado, con un 27,6% en estado regular y un 40,7% en mal estado. Todo siguió empeorando.
El crecimiento de un 70% del parque automotor local, entre 2009 y 2023, no encontró correlato en la ampliación, estado y calidad de los caminos. Hoy el 85% del tránsito se desplaza sobre el 25% de la red vial nacional. La falta de inversiones se verifica en extensas distancias, densamente transitadas, convertidas en caminos indivisos de un carril en cada sentido en los que el más mínimo error humano termina en muertes. Estudios de la ANSV sobre una muestra de 168 siniestros graves, reflejó que la mitad ocurrió por invasión del carril contrario y un 38%, por maniobras bruscas. Las fallas en la infraestructura vial impactan tremendamente en los niveles de seguridad. Tenemos las mismas rutas que hace décadas, sin suficientes autopistas diseñadas para minimizar el peligro cuando está demostrado que previenen 7 de cada 8 accidentes mortales. De los 640.000 km de la red federal, apenas 3300 corresponden a autopistas y autovías. Calzadas separadas que evitan choques frontales, eliminación de curvas peligrosas, menos cruces urbanos con caminos de circunvalación, banquinas pavimentadas, alambrados que evitan animales sueltos son algunos de los beneficios.
Sin mencionar todos aquellos caminos rurales o terciarios, claves para la salida de la producción primaria, que aguardan ser pavimentados hace décadas, las carpetas asfálticas deterioradas en otros por falta de mantenimiento y por la circulación de camiones excedidos de carga que nadie controla como debería, se suman a iluminación y señalización deficientes, y banquinas angostas, ausentes o en pésimas condiciones, que hacen de cualquier desplazamiento o maniobra un acto riesgoso. El sistema de concesiones viales también debería sanearse con una Dirección Nacional de Vialidad que controle el cumplimiento de contratos y obras de mantenimiento necesarias.
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