Por Nicolás Aguilar
La expropiación de YPF en 2012, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, fue una muestra alarmante de irresponsabilidad en la gestión pública. Ignorando cláusulas claras del estatuto de la empresa —como la obligación de realizar una oferta pública a los demás accionistas al superar el 15 % de participación—, se avanzó con una medida apresurada, mal planificada y con claras advertencias legales que fueron desoídas.
Hoy, más de una década después, Argentina enfrenta consecuencias judiciales internacionales, especialmente en la justicia estadounidense, por aquella decisión política que se tomó con euforia pseudonacionalista y sin evaluar los efectos económicos y jurídicos a largo plazo. La falta de previsión no fue por desconocimiento, sino por negligencia y soberbia.
Este caso debería sentar un precedente: no se puede seguir tomando decisiones que comprometen al país sin asumir responsabilidades. Cuando funcionarios públicos actúan con torpeza o imprudencia, debe haber consecuencias legales. No puede naturalizarse que un grupo reducido de dirigentes, amparados en discursos patrioteros, comprometa el futuro del país y luego se retire sin costo alguno. La mala gestión no solo debe señalarse políticamente: debe tener también consecuencias legales concretas.
La expropiación de YPF fue una decisión irresponsable del gobierno de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que ignoró normas legales básicas y advertencias claras. El fervor ideológico y el nacionalismo mal entendido llevaron a una medida celebrada como una hazaña, pero mal ejecutada. Hoy, Argentina enfrenta consecuencias legales en el exterior por esa mala gestión. Este caso demuestra que los funcionarios públicos no deberían quedar impunes cuando toman decisiones dañinas para el país. La incompetencia y la negligencia en la gestión estatal deben tener consecuencias legales, no solo políticas. No se puede gobernar sin rendir cuentas por los errores cometidos.
