En abril de 2012 se anunció y en mayo entró en vigor la estatización que impulsó la ahora detenida Cristina Kirchner, que entonces era presidenta.

Ahora la jueza federal de Estados Unidos, Loretta Preska, ha dictado una orden que obliga a Argentina a transferir el 51% de sus acciones de la petrolera YPF a una cuenta de custodia en Nueva York, como cumplimiento parcial de una sentencia ya impuesta en 2023 que le obliga pagar 16.100 millones de dólares.

El fallo responde a la expropiación en 2012 por el Parlamento argentino del paquete mayoritario de YPF a la petrolera española Repsol. Dicha decisión no incluyó una oferta pública para los accionistas minoritarios, lo que desató una demanda promovida por las firmas Burford Capital y Eton Park tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades españolas vinculadas al grupo argentino Petersen. Estas tenía un 25% de participación en YPF, si bien no participaron en el juicio.

A raíz de la sentencia, el presidente argentino, Javier Milei, ha reaccionado con firmeza y ha anunciado que apelará el fallo en todas las instancias para «defender los intereses nacionales». «Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda», ha escrito Milei en su cuenta oficial de la red social X.

Tras conocerse la orden judicial, las acciones de YPF han caído más de un 4% en la Bolsa de Buenos Aires y cerca del 5% en Wall Street.

La sentencia cuestiona el control estatal sobre el sector energético argentino
El Gobierno argentino sostiene que la ley de nacionalización aprobada en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, impidió al Estado realizar ofertas públicas para adquirir acciones adicionales a Repsol. Dicho argumento fue desestimado por el tribunal de Nueva York.

El litigio, que comenzó en 2015, ha puesto a su vez en evidencia el choque entre soberanía económica argentina y los litigios internacionales que pueden afectar la estabilidad y la gestión de activos estratégicos como YPF, que es a su vez la mayor productora de hidrocarburos en Argentina. YPF, por su parte, ha evitado hacer declaraciones inmediatas sobre la decisión judicial.

La orden de Preska ha marcado así un nuevo capítulo en una batalla legal que, además de los 16.100 millones de dólares en compensación, cuestiona el control estatal sobre un símbolo clave del sector energético argentino.