Esta semana, la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó la provincia de Misiones para lanzar el Plan Guacurarí. Durante su estadía, tomó conocimiento de la polémica medida del Tribunal Electoral de Misiones, (manejado por Carlos Rovira) de quitar del padrón electoral a todas las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, a fin de restarle votos al ex policía y candidato a diputado, Ramón Amarilla.
A raíz de esto, la funcionaria nacional criticó duramente al gobierno renovador y anticipó que recurriría a la justicia dada la inconstitucionalidad de la acción. Unas horas después, Rovira (que mantiene excelentes relaciones con el presidente Javier Milei) tuvo que dar marcha atrás y, a través del gobernador Hugo Passalacqua y el Superior Tribunal de Justicia, emitieron un comunicado asegurando que «revisaron» la medida determinando que no correspondería aplicarla.
Rovira siempre ha sido oficialista a nivel nacional, comenzó en 2003 con Néstor Kirchner, siguió con Cristina, luego apoyó a Daniel Scioli y, cómo éste perdió, se alineó con Mauricio Macri hasta su ocaso político, donde volvió al peronismo con Alberto Fernández, para después apoyar a Sergio Massa despotricando contra Milei, cosa que duró hasta que éste último se sentó en el sillón de Rivadavia.
El Twitt de Bullrich en X:
¡El mundo del revés!. En Misiones pueden votar los presos y los extranjeros, pero no los gendarmes, prefectos, policías federales, de seguridad aeroportuaria ni del servicio penitenciario. Tampoco la policía provincial.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional vamos a presentar una acción por la inconstitucionalidad de este artículo. No vamos a permitir que se silencie la voz de nuestras fuerzas. Para el Gobierno de Misiones, quienes arriesgan su vida por los demás… ni siquiera son ciudadanos.
Por la presión social, permitirán votar a las fuerzas
El comunicado del gobierno renovador
Según la fuente oficial, la decisión surge tras un planteo del gobernador Hugo Passalacqua, el fiscal de Estado y referentes del Frente Renovador, esto debido al fuerte rechazo que generó la medida del tribunal electoral.
El artículo 48 de la Constitución misionera prohíbe expresamente este derecho, pero el Procurador General, Carlos Giménez, consideró inaplicable esa norma en el contexto actual. Apelando a antecedentes previos, recomendó al Tribunal Electoral rever su resolución original y permitir el sufragio de estos sectores.
La resolución inicial del Tribunal —Acuerdo 1.221— había excluido del padrón a policías, gendarmes y otras fuerzas de seguridad mediante una depuración reservada por DNI. Tras el nuevo análisis jurídico y político, se permitirá su voto como en elecciones anteriores, garantizando su derecho ciudadano.
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