El Partido Agrario y Social y su candidato a diputado provincial, Héctor “Cacho” Bárbaro, expresan su profunda preocupación por el modo en que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está llevando adelante auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez.
«Estas acciones, lejos de garantizar la transparencia y la equidad en el acceso a los beneficios sociales, han derivado en situaciones humillantes, inoportunas y profundamente injustas para miles de ciudadanos con discapacidad en todo el país, especialmente en zonas rurales de nuestra provincia», manifestan.
El referente agrario y fundador del PayS sostuvo que “el Estado tiene el deber de auditar y controlar sus políticas sociales, pero bajo ningún punto de vista puede hacerlo vulnerando derechos adquiridos, exponiendo datos sensibles o generando angustia e incertidumbre en sectores de la población que ya atraviesan múltiples formas de vulnerabilidad”.
También cuestionó al Gobierno provincial del Frente Renovador por “mirar para otro lado” y no intervenir en defensa de los misioneros que padecen este injusto atropello a sus derechos.
En este sentido y mediante carta documento, ha intimado formalmente al Director Ejecutivo de la ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo, a que disponga de forma inmediata la suspensión del actual proceso de auditorías, dispuesto por el Decreto 843/2024, hasta tanto se garanticen:
* La exclusión de las personas que ya cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
* Notificación fehaciente y personalizada, acorde a las realidades geográficas de los sectores rurales.
* La prohibición absoluta de publicación de listados de beneficiarios en medios públicos, que violan la Ley de Protección de Datos Personales (25.326).
* La implementación de operativos médicos móviles que garanticen el acceso igualitario a los controles de salud.
* La provisión de medios de transporte para quienes viven en zonas alejadas y carecen de servicios públicos.
* Mecanismos ágiles, presenciales y accesibles para la presentación de documentación requerida, sin depender exclusivamente de plataformas digitales.
Asimismo, se advierte que de no revertirse esta práctica en el corto plazo, se recurrirá a la Justicia Federal mediante la presentación de un amparo colectivo en resguardo de los derechos humanos, la dignidad y la privacidad de las personas con discapacidad.
“No se puede gobernar a espaldas de los sectores más vulnerables ni administrar el Estado desde la lógica de la crueldad. El Partido Agrario y Social reafirma su compromiso con una Argentina inclusiva, justa y respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos”, aseguró.
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