El Gobierno implementó un nuevo esquema de incentivos que otorga bonificaciones económicas a quienes consigan una reducción significativa en la planta de empleados, como parte de su plan de racionalización del gasto público.
El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial y generó un fuerte rechazo entre los trabajadores del Estado, lo que desató una convocatoria a paro y movilización para este jueves por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Según la normativa, los funcionarios que recorten personal podrán recibir unidades retributivas adicionales, es decir, una compensación económica extra en función del «ahorro presupuestario» generado por los despidos.
Desde el Gobierno defienden la medida con el argumento de la «eficiencia» en el gasto público y sostienen que las unidades retributivas ya existían como mecanismo para premiar la productividad dentro del Estado.
Sin embargo, desde ATE denuncian que esto no es más que un incentivo perverso para despedir empleados y achicar el Estado sin considerar el impacto social. «Le están pagando a funcionarios para que destruyan el Estado. Esto es un escándalo», afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.El paro de este jueves incluirá una marcha que partirá desde la Secretaría de Trabajo y llegará hasta el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
El gremio también pide por la renovación automática de los 50.000 contratos que vencen a fin de mes y la reapertura de paritarias para recomponer los salarios, que siguen por debajo de la inflación.
Por ahora, la otra gran organización sindical del sector público, UPCN, no se pronunció sobre la medida, pero ya confirmó su adhesión al paro general de la CGT previsto para el 10 de abril.
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