La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que la decisión judicial representa un “grave retroceso”.
Su comunicado en redes sociales.
La Cámara Federal de Casación Penal, a través de su Sala de Feria, resolvió por mayoría este jueves declarar la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660 y el 14 inciso 10 del Código Penal, que restringen el acceso a la libertad condicional para condenados por delitos de narcotráfico. Desde el Gobierno cuestionaron la decisión judicial, a la que calificaron como “grave retroceso”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en sus redes sociales un mensaje que tituló: “Grave retroceso: los peores criminales van a poder salir antes de termina su condena”. “Con Luis Petri impulsamos y logramos que el Congreso apruebe una ley clara: que obligaba a asesinos, violadores y terroristas a cumplir su condena completa, sin beneficios”, resaltó.
“Recordemos lo que pasó cada vez que la Justicia liberó antes de tiempo a violadores y asesinos: volvieron a matar, a violar, a destruir vidas. Nosotros estamos del lado de las víctimas. Vamos a seguir peleando. Llegaremos a la Corte para revertir esta medida y para que el que las hace, las pague”, agregó.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. Se pronunciaron sobre el recurso de casación presentado por la defensa de Carlos Hernán Beati, quien había sido condenado a seis años de prisión por ser coautor del delito de tráfico ilegal de estupefacientes en su modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín había rechazado previamente el planteo de inconstitucionalidad de las normas mencionadas y negó el pedido de libertad condicional solicitado por la defensa.
Contra esa decisión, el defensor público oficial Ignacio Francisco Tedesco interpuso el recurso de casación, argumentando que el fallo no había dado una respuesta razonada y fundada a los planteos expuestos, limitándose a realizar referencias dogmáticas y formulaciones genéricas sin un análisis específico del caso.
La defensa sostuvo además que la negativa a conceder la libertad condicional afectaba el principio de humanidad de la pena, la progresividad del régimen penitenciario y el derecho a la reinserción social, todos ellos reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales de derechos humanos. Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares.
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